Valladolid estrena el turno judicial para ‘rescatar’ a sobreendeudados

Valladolid será la capital pionera en la puesta en marcha del turno de oficio de segunda oportunidad, un equivalente, con algunos matices, del servicio de justicia gratuita pero pensado para rescatar a personas, familias y profesionales que se encuentren asfixiados por las deudas, aunque tienen la voluntad de afrontarlas.

El objetivo de este turno de oficio, al que ya se han apuntado medio centenar de abogados, es prestar asesoramiento legal a aquellos vallisoletanos - es necesario ser de Valladolid- que estén sobreendeudados y quieran acogerse a las medidas contempladas en la Ley de Segunda Oportunidad, pero no disponen de medios para hacerlo.

Mediante el acuerdo suscrito ayer por el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados, el Consistorio correrá con los gastos de la primera entrevista con el letrado antes de iniciar el proceso. De considerarse que su caso se susceptible de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, se valorará si puede asumir los costes del proceso legal - incluso se aplazaría el pago hasta que sea solvente- y en el supuesto de que no pueda afrontarlos será el Ayuntamiento el que se haga cargo, siempre con el visto bueno de los Servicios Sociales municipales.

Los destinatarios son personas, familias o profesionales que bien tienen grandes dificultades para pagar sus deudas -no están incluidas aquí las públicas, las contraídas con administraciones u organismos públicos- o están en riesgo de insolvencia, pero no cumplen los requisitos para ser considerados deudores hipotecarios sin recursos.

Los centros de acción social del Ayuntamiento colaborarán en la búsqueda de aspirantes a este turno de oficio y será el Servicio Municipal de Insolvencia Hipotecaria el que centralice la información y, en su caso, derive al interesado al abogado.

Entre las condiciones para acogerse a los beneficios de esta medida está que el interesado no haya sido condenado en los diez últimos años por un delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, la Hacienda Pública, la Seguridad Social, los derechos de los trabajadores o por falsedad documental. Tampoco deberá de hacer alcanzado en los últimos cinco años un acuerdo extrajudicial de pago con sus acreedores, ni pueden estar inmersos en un concurso de acreedores ni haberlo solicitado, ni su pasivo debe superar los cinco millones de euros. Aunque la atención jurídica le salga al final gratis -el Ayuntamiento lo asumirá si no dispone de medios- para saldar sus deudas el interesado deberá estar dispuesto a responder con su patrimonio.

El contrato firmado ayer con el Colegio de Abogados tiene una cuantía pequeña, 4.000 euros, a la espera de conocer la respuesta ciudadana, y su vigencia será hasta finales de este año, plazo susceptible de prorrogarse también en función de la demanda del servicio.

Al presentar ayer el acuerdo, el alcalde, Óscar Puente, destacó el hecho de que Valladolid sea la pionera en este turno de oficio para atender a un sector de la población «al que la crisis ha asfixiado» y que «probablemente hasta ahora ha pasado desapercibido a las instituciones».

Para el decano del Colegio de Abogados, Jesús Verdugo, el contrato firmado con el Ayuntamiento es una iniciativa «con una base social enorme». Recordó Verdugo «el asedio que sufren muchas familias con deudas» y añadió que la medida está pensada para «cualquier persona que esté dispuesta a sacrificar su patrimonio personal para liberarse de ellas», aunque advirtió que «las públicas (deudas) no quedan exoneradas».

La concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero, explicó que el Ayuntamiento «ya atiende a personas endeudadas», pero tenían la sospecha de que «se quedan fuera otros perfiles», como los contemplados en la Ley de Segunda Oportunidad.

Romero se mostró convencida de que «hay mucha gente que se encuentra en esta situación» y pese a señalar que «no se trata de colgarse una medalla» con el acuerdo alcanzado ayer dijo que es fruto de «un trabajo intenso» con el que esperan prestar un servicio a los vallisoletanos.