ATA pide sanciones para que las administraciones cumplan los plazos de pago a sus proveedores
Soraya Mayo asegura que la Junta no es el gobierno autonómico “que peor paga” y Lorenzo Amor apunta hacia un segundo plan de pago a proveedores
La presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Castilla y León, Soraya Mayo, demandó hoy un régimen sancionador para las administraciones públicas que incumplan la legislación que exige que las facturas sean abonadas en un periodo de 30 días. Por ello, consideró que “no es de recibo” que algunas, como la Junta de Castilla y León, lo haga hasta en 76,38 días, mientras se le aplica un recargo del 20 por ciento a los autónomos que se retrasan un día en el pago de las cotizaciones.
Mayo, que participó en la firma de un acuerdo entre ATA y EspañaDuero en Valladolid, recalcó que la Junta no es el gobierno autonómico “que peor paga”, frente a otros ejecutivos como los de Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña o Baleares. La presidenta de ATA señaló que en la Comunidad los autónomos no sufren tanto la “morosidad”, pero pidió un plan para reducir las demoras en Castilla y León.
En este sentido, el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, apuntó que la situación apunta hacia la necesidad de poner en macha un segundo plan de pago a proveedores, que financiado por el Estado, permita sacar de los cajones las facturas pendientes.
Mayo y Amor se refirieron a los datos sobre el periodo medio de pago correspondiente al mes de abril, que difundió este miércoles el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La Junta presentó un periodo medio de pago a proveedores en abril en 76,38 días, por encima de los 46,92 días de media para el conjunto de las autonomías, y muy alejado de los 30 días que fija la normativa vigente. El dato del cuarto mes, supone que la Comunidad, empeoró la cifra del tercer mes de 2016, cuando abonó sus facturas en 59,19 días.
Finalmente, Castilla y León fue la cuarta autonomía que pagó con más retrasos, solo por detrás de Extremadura (110,67 días); Aragón (95,36) y Región de Murcia (77,61). Andalucía, Asturias, Canarias, Galicia, País Vasco; Navarra y La Rioja se sitúan por debajo de los 30 días que fija la normativa; mientras que Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad de Madrid rebasaron el límite de un mes.