Jueces para la Democracia denuncia que el Gobierno no ha tenido voluntad política de acabar con la corrupción

Jueces para la Democracia denuncio hoy que el Gobierno en funciones no ha tenido voluntad política para acabar con la corrupción y criticó que a pesar de la alarma social que genera este tipo casos y de que 2.000 cargos públicos están imputados en España, en los últimos cuatro años no se ha abierto ni un solo juzgado de instrucción nuevo.

El portavoz de la asociación de magistrados, Joaquim Bosch, que realizó estas declaraciones durante el XXI congreso que Jueces para la Democracia celebra hasta mañana en Valladolid, resaltó que este foro servirá para consensuar una serie de medidas que se quiere presentar a los distintos partidos para que el próximo Gobierno acabe con el “abandono” que sufre la Justicia y en especial en asuntos que preocupan tanto a la ciudadanía como la corrupción.

Bosch argumentó que en la actualidad los juzgados no tienen capacidad suficiente para combatir la corrupción y afirmó que, como se trata de una situación a la que desde el Gobierno no se ha querido dar respuesta, “ahora tienen más medios los corruptos para eludir la acción de la justicia, que los juzgados para investigar”.

A su vez, también recordó que a pesar del manifiesto rubricado por todas las asociaciones de jueces y fiscales de España hace dos años solicitando medidas eficaces para luchar contra la corrupción, el Gobierno no ha tenido en cuenta ninguna de las recomendaciones, ni incluso las preventivas para establecer controles más rigurosos en los movimientos del dinero público.

Bosch también se lamentó de que España esté a la cola de los países europeos en cuanto al número de jueces por habitantes, de la falta de una policía que dependa directamente del poder judicial y de que en la última reforma del Código Penal, en la que se han endurecido muchas penas, se mantengan las de los delitos por corrupción.

Al mismo tiempo, también argumentó que en los últimos se han producido “importantes interferencias” en la separación de poderes y aseguró que el ejecutivo ha estado ocupando competencias del judicial. En este sentido, denunció que los partidos políticos se repartan por cuotas la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, y apuntó que es necesario articular mecanismo para que el trabajo de los jueves no pueda tener ningún tipo de presión por parte del poder político.

Además, criticó la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que el poder político, “en lugar de convencer se ha dedicado a castigar la disconformidad con intimidatorias sanciones económicas e intentado huir del control judicial”. A su vez, advirtió del peligro que supone que la autoridad gubernativa sea juez y parte al mismo tiempo y recordó que mientras las manifestaciones como las de 'Rodea al Congreso' fueron consideradas por el Gobierno como un intento de golpe de estado, la Audiencia Nacional consideró que “sólo fue un ejercicio de la libertad de expresión”.

Bosch también se refirió a la reforma que limita las investigaciones penales a 6 o 18 meses, en función de la complejidad del asunto, y aseguró que la situación es muchos juzgados es de “auténtico caos”, con conflictos entre secretarios judiciales, fiscales y jueces por “plazos imposibles de cumplir” y que acabarán generando impunidad.

“Espero que esta limitación de plazos no se convierta en una ley de punto final para los casos de corrupción”, argumentó Bosch, que se preguntó qué hubiera ocurrido si en casos como la Gürtel, los ERE de Andalucía o Iñaki Urdangarín se hubiera obligado a cerrar las investigaciones en 18 meses. “No nos hubiéramos enterado de nada”, aseveró.

Bancos

Por otra parte, Bosch explicó que en el congreso de Jueces para la Democracia también se debatirá sobre la desprotección de los consumidores y de los deudores de buena fe y de la situación de desequilibrio a la que se enfrentan con relación a las entidades bancarias. En este sentido, anunció que van a solicitar la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria para que los bancos tengan que recurrir a la vía ordinaria y “dejen de pasar como apisonadoras por encima de personas que están en situaciones de precariedad y que, al menos, se merecen un proceso más justo”.

Al mismo tiempo, Jueces para la Democracia también reclamará una ley de segunda oportunidad para que los deudores de buena fe no se vean “condenados a la muerte civil”. “Lo queremos es que el núcleo básico de la dignidad de una persona, el derecho a la vivienda y a unas prestaciones básicas, sea intocable”.

En este sentido se refirió a la caída del número de ejecuciones hipotecarias y explicó que en su descenso ha influido la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Europea que considera abusivas algunas cláusulas de los bancos. “Lo realmente importante es que España tenga cuanto antes una legislación que proteja de verdad a los deudores de buena fe”, aseveró.