La prisión de Villanubla pierde el 10% de su plantilla en cuatro años

El personal de prisiones se hace ‘mayor’. Las jubilaciones, excedencias o fallecimientos «no se cubren». Los concursos de traslados llevan cuatro años paralizados. ¿Resultado? Las ocho cárceles de Castilla y León viven una situación «muy complicada de manejar». Y la de Villanubla no es una excepción. Por ello, los sindicatos de prisiones de UGT, CCOO, CSI-CSIF, APFP y Acaip han hecho frente común, con movilizaciones en cada centro, para reclamar mayor dotación de personal. Y, mientras tanto, «el Ministerio del Interior mira hacia otro lado», denuncia Jesús Otín, responsable de instituciones penitenciarias nacional de UGT.

Los 275 trabajadores de la prisión de Valladolid (255 funcionarios y 20 laborales) son «insuficientes» para garantizar la seguridad en un recinto con 472 reclusos. De la misma forma que lo son los 2.489 actuales (2.302 funcionarios y 187 laborales) que trabajan en las cárceles castellanas y leonesas y que, según cálculos sindicales, tienen más de un 10% de plazas vacantes. Ese porcentaje se traduce en un déficit de personal en toda Castilla y León de 250 personas, según UGT, y de 500 según Acaip. CSI-CSIF está actualmente realizando un estudio «real» de la Relación de Puestos de Trabajo.

En base a la RPT de 2011, Villanubla habría sufrido un recorte del 9,8% de sus efectivos en los últimos cuatro años. Es decir, 30 trabajadores. Supone un 9,9% en el caso de los funcionarios (28 en total) y un 9% en los laborales. Valladolid se sitúa ligeramente por debajo de la media autonómica, que habría visto reducida su plantilla en un 11,4% (321 trabajadores). Son un 10,4% menos de funcionarios y un 22% de laborales, motivado, sobre todo, por «privatizaciones injustificables» en los servicios de vigilancia exterior, limpieza o mantenimiento.

A esta situación se ha llegado después de que en 2012 y 2013 la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no convocara plazas, sacara 300 el pasado año y 538 para este año. «Esta oferta está muy por debajo de las necesidades y no sirve para cubrir las bajas que se han producido», señala José Luis Sanz, responsable autonómico de prisiones de CSI-CSIF, para quien esta situación «pone en riesgo la seguridad de los trabajadores». Según este sindicato, en 2015 un total de 48 empleados de prisiones sufrieron agresiones.

Tanto Sanz como Otín acusan al Ministerio del Interior de «no abordar una de las cuestiones que va a marcar el futuro: la elevada edad media de sus trabajadores». Alrededor del 41% de los trabajadores de prisiones de la Comunidad tiene más de 55 años. A esto se suma que los trabajadores del área de vigilancia pasan a la segunda actividad (dejan de tener contacto con los presos) al cumplir los 57 años si llevan más de 35 de servicio. El 40% de los empleados podrían acogerse a esta medida en 2020», según los sindicatos.

Si la situación es «preocupante» en la Comunidad, en el caso de la cárcel de Burgos es «alarmante» y «acuciante» en León y Soria. A la edad de sus trabajadores se suma que han sido los tres centros, junto a Salamanca, que más personal habrían ‘perdido’ en los últimos cuatro años. En Burgos, el recorte en ese periodo supera el 19,7% (un 20% si sólo se analiza al personal funcionario). En León asciende al 17% y en Soria, al 11%.

Estas reclamaciones se producen en un momento en el que la población reclusa ha mermado un 24% en la Comunidad (hay 4.358 presos). Sanz asegura que se debe a la reforma del Código Penal de 2010, pero también al incremento de penas alternativas, como los trabajos en beneficio de la comunidad. Castilla y León es la quinta Comunidad con mayor población reclusa de España.