Piden investigar a la Fundación Emilio Álvarez por el ‘caso PGOU’

En los casos de corrupción es habitual pedir responsabilidades políticas. Pero en el caso PGOU, en el que se intenta depurar si unas modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana de 2003 fueron fruto de un amaño entre políticos, funcionarios y empresarios de Valladolid, hay quien pide responsabilidades de índole social.

Se trata de Julia Álvarez, sobrina de Emilio Álvarez, gran benefactor de los discapacitados auditivos y personas de menos recursos en Valladolid, del que una fundación particular prosigue su legado tras su fallecimiento, administrada por personas cercanas al Arzobispado.

En un escrito dirigido a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Julia Álvarez solicita que, con la autoridad que posee el Protectorado de Fundaciones, se inicie una Acción de Responsabilidad frente al patronato de la fundación de su tío. O, lo que es lo mismo, pide una investigación sobre la fundación, cuyas conclusiones, en caso de encontrarse indicios de delito, deben trasladarse al Ministerio Fiscal.

El escrito fue registrado el pasado 12 de febrero en la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid. Sin embargo, la idea de presentarlo, asegura Álvarez, arrancó cuando este periódico desveló, diez días antes el decreto de apertura del juicio oral por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, que los 14 imputados pasaban, entonces, a ser acusados.

El sacerdote Lino Collazos, secretario de la Fundación Emilio Álvarez, estaba entre ellos. El fiscal pide para él dos años y medio de cárcel, 18 meses de inhabilitación y una multa de 4.500 euros.

La imputación de Collazos fue tardía dentro de una larga instrucción que arrancó por la denuncia del PSOE, en 2008, sobre una manipulación de mapas y artículos del PGOU, dentro de las dependencias del Ayuntamiento, respecto a lo que fue aprobado en pleno y antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Unas modificaciones que las acusaciones consideran «conscientes», con el fin de beneficiar a una serie de empresarios y particulares.

El anterior alcalde, Javier León de la Riva, fue imputado si bien en octubre de 2014 la Audiencia lo exculpó de la causa, quedando como imputado político el que fuera concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca. Pero en ese mismo auto, la Sala de lo Penal también imputó a cuatro ‘beneficiados’ más, entre los que estaba Collazos, en calidad de secretario y patrono de la Fundación Emilio Álvarez.

La manipulación del PGOU permitió que una serie de terrenos propiedad de la Fundación, que formaban esquina las calles Simón Aranda y José María Lacort, pasaran por arte de magia de suelo urbanizable no consolidado a consolidado.

Con ello se posibilitó la venta de los mismos a una empresa que pagó 6,5 millones de euros y construyó un parking, tras derribar varios edificios que dedicaban a fines asociativos y de atención social. El propósito inicial era el de construir viviendas encima, pero una sentencia de 2010 lo impidió.

Ahora, Julia Álvarez reclama al protectorado de Fundaciones que ejerza la Acción de Responsabilidad «con el fin de alcanzar la necesaria sustitución seguida del cese de aquellos patronos que integraban el Patronato de la Fundación Emilio Álvarez gallegos cuando se produjeron los presuntos hechos delictivos» y que aún siguen en su puesto, como es el caso de Collazos.

Además, solicita que «se compruebe si la cantidad obtenida de la venta del subsuelo por importe de 6.275,768 euros se mantiene consignada en el Banco Santander de la calle Constitución o se le ha dado finalidad social» ya que, sostiene, la Fundación sobre todo dedicada la atención de niños hipoacúsicos, está infrautilizada.