Parados en Movimiento busca apoyo institucional para garantizar la contratación pública

El presidente de Parados en Movimiento Valladolid, Luis García, se reunió en las Cortes de Castilla y León con el procurador de IUCyL-Equo convergencia por Castilla y León, José Sarrión, para buscar “apoyo institucional” para poner en marcha propuestas que garanticen el acceso de las pymes, de las cooperativas y de la economía social a los diferentes procesos de contratación pública.

Entre la batería de propuestas que han presentado, se incluyen planes de formación para orientar a estos colectivos en el acceso a los procedimientos de contratación pública, un plan social para la ejecución del contrato (en el que cada licitador proponga medidas concretas de carácter social y ético que implantará en la ejecución del contrato, y cuyo incumplimiento podría suponer la resolución del mismo), establecer requisitos de capacidad y solvencia adecuados al contrato de los contratos municipales y las pymes, y ponderar en la valoración de las ofertas el criterio precio de forma “equilibrada” en función de la calidad técnica, social y medioambiental de las ofertas, entre otras cuestiones.

“Se trata de un paquete de ideas para reactivar políticas de empleo municipal. Aparte del trabajo que estamos realizando con Valladolid Toma la Palabra la Junta también tiene competencias para decir algo al respecto a los ayuntamientos”, apuntó García, que recordó que el anterior equipo de Gobierno del Consistorio vallisoletano aprobó en 2013 unas cláusulas sociales que, lamentablemente, “no se ponen en práctica”: “Se contrata a la empresa, que luego actúa a su manera. Si una empresa se compromete a tener tres trabajadores en una obra, tiene que tenerlos, no dos aquí y uno en otra”.

En su encuentro con Sarrión, la plataforma propuso la puesta en marcha de cooperativas que gestionarían “invernaderos ecológicos” que ocuparían una parcela de 4.000 metros, o centradas en el “turismo lingüístico”. “No se trata solo traer a gente de fuera a aprender el idioma en Castilla y León, sino que si una persona viene, en el tiempo que esté aquí ofrecerle la oportunidad de participar de la cultura de aquí, y que cuando vuelva a su país, aparte de haber estando un tiempo hablando en castellano, también tenga una cierta idea de cómo funciona Valladolid o Castilla y León”, defendió.

Tras el encuentro, Sarrión agradeció al colectivo sus propuestas y recalcó que desde su formación van a “exigir” al gobierno autonómico y a los ayuntamientos que las tengan en cuenta, ya que “plantean ideas de personas que quieren construir su propio puesto de trabajo, que es en lo que en definitiva consiste el cooperativismo”.

Sarrión explicó que “muchas veces una pequeña empresa tiene serias dificultades para acceder a un proceso de contratación pública, frente a gigantescas empresas que tienen técnicos dedicados solo a este tipo de proyectos”, y aseguró que “para que puedan competir en igualdad lo lógico es que haya una formación especializada para ellas”.

Asimismo, apoyó la petición de que en los criterios de contratación haya “cláusulas que fomenten que este tipo de empresas tengan una ventaja”. “En nuestro programa defendíamos las cláusulas sociales en la contratación pública; los criterios de contratación no pueden ser solo de cuantía económica sino que tiene que haber también unos criterios sociales, porque el agente de contratación más grande que existe en Castilla y León es el ente público”, esgrimió.

Para respaldar su postura, Sarrión comentó que “la economía cooperativista es siempre la última que se marcha de un territorio frente a la gran empresa, que va buscando otro tipo de mercados. Y la pyme es la que más empleos genera. Por tanto es muy importante, para que tengamos un empleo de calidad, potenciar el cooperativismo y la economía social también desde el ente público”.