Sarrión promoverá una declaración institucional de las Cortes en apoyo de los trabajadores de Tragsa

Izquierda Unida realizará una batería de iniciativas parlamentaria en las Cortes de Castilla y León en apoyo a los trabajadores de Tragsa y exigiendo a la Junta que presione al Gobierno central para que anule el ERE que está ejecutando la dirección de esta empresa pública y que en el caso de la Comunidad ya se ha traducido en 59 despidos.

Además de llevar varias preguntas al próximo pleno, el procurador de IU-Equo convergencia por Castilla y León, José Sarrión, explicó que promoverá una declaración institucional del Parlamento regional para lograr una presión unánime por parte de todas las fuerzas políticas en defensa de los puestos de trabajo de Tragsa, “sin dejar de lado que la principal responsabilidad en este asunto la tiene el Partido Popular”.

Además, Sarrión criticó la decisión de la dirección de contratar los servicios de una empresa de seguridad para impedir el acceso de los trabajadores despedidos a la sede ubicada en el polígono industrial de San Cristóbal, así como a los medios de comunicación. “Estamos ante una clara actitud represiva. Cuando el futuro de una empresa pública se pone en peligro lo que deben hacer los directivos es apoyar las movilizaciones y no recriminarlas”, sentenció.

A su vez, el procurador de IU resaltó la “inmensa dignidad” de los trabajadores que desde el pasado 31 de diciembre están protagonizando un encierro, y aseguró que además de defender su puesto de trabajo, también están reivindicando la continuidad de una empresa pública que ha sido “fundamental” para el país y que en Castilla y León tiene aún más importancia dado los numerosos puestos de trabajo que genera en el medio rural.

Mientras tanto, el coordinador regional de IU, José María González, quien acompañó a Sarrión durante la visita a los trabajadores encerrados, insistió que el apoyo manifestado por la Junta de Castilla y León se debe traducir en hechos. Además, argumentó que no se puede olvidar que Tragsa es una empresa pública que nació con “dinero estatal” , por lo que Junta debe presionar al Gobierno para que la “dirección de Tragsa se siente a firmar la paralización del ERE y la readmisión de los despedidos”.

Encierro

Por su parte, el presidente del comité intercentros de Tragsa, Ángel Hernández, aseguró que el encierro se mantendrá hasta lograr la supresión del ERE y la readmisión de los despedidos, y argumentó que se trata de una decisión “injusta e innecesaria”, ya que la empresa tiene carga suficiente de trabajo para mantener a toda la plantilla.

A su vez, Hernández acusó de oscurantismo a la dirección de la empresa por su falta de diálogo y por el rechazo sistemático de todas las propuesta realizadas por los representantes de los trabajadores, así como de “falta de humanidad”, ya que la comunicación de todos los despidos se realizó de forma “diferida, ningún directivo de Tragsa ha dado la cara”.

Tragsa, empresa pública dependiente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), tiene a nivel nacional una plantilla de 3.800 trabajadores fijos, y unos 2.900 eventuales, de los que unos 1.300 corresponden a Castilla y León. La mayor parte de su actividad está vinculada con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España (Magrama), y los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas.