Diario de Valladolid

Urbanismo

Un proyecto tumbado por el TSJ tras seis años de batalla judicial

El tribunal anuló en 2102 la modificación del PGOUaprobada por el Ayuntamiento para permitir el aparcamiento

Publicado por
Fernando Martín
Valladolid

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Con capacidad para 330 plazas, el aparcamiento subterráneo para residentes junto a la Antigua fue una petición de los vecinos de la zona. Ya existe otro rotatorio apenas cien metros más allá, en la plaza de Portugalete, al lado de la catedral, con lo que de prosperar el nuevo proyecto habría dos estacionamientos casi juntos en pleno casco histórico.

Pero desde que el proyecto se puso en marcha en 2006 suscitó mucha contestación y, de hecho, fue esta oposición la que al final echó por tierra el aparcamiento.

Su emplazamiento hacía presumir, como así fue, la aparición de restos arqueológicos. En concreto, en el subsuelo del lugar elegido para el aparcamiento apareció una yacimiento que contiene restos tanto de época romana como medieval, además de un patio renacentista y de una bóveda y un puente del antiguo cauce del Esgueva, de la época en la que el río discurría por el centro de la ciudad.

A la vista de los hallazgos en las excavaciones realizadas en 2008, la Comisión de Patrimonio de Castilla y León obligó a modificar el proyecto original para preservar los restos arqueológicos. Una modificación que recortó el número de plazas previstas y que encareció en unos 3 millones de euros un proyecto que ya costaba 9 millones.

Pero fue el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el que con un auto de noviembre de 2012 anuló la modificación del Plan General de Ordenación Urbana aprobada por el Ayuntamiento que dio vía libre al aparcamiento. El auto admitía en parte el recurso planteado por la Federación de Vecinos Antonio Machado y por el colectivo Ecologistas en Acción contra la modificación del PGOU para construir el aparcamiento. El TSJ paralizó de forma cautelar el proyecto para evitar daños que pudiesen restar eficacia a una futura sentencia contraria al aparcamiento.

Nadie recurrió el auto del tribunal, ni el Ayuntamiento ni la empresa promotora, lo que significó el fin del proyecto por el que ahora Corsán reclama un millón en concepto de gastos realizados durante todos estos años.

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