Diario de Valladolid

CAMPUS DE LA JUSTICIA

Urbanismo apunta que los dueños de El Salvador admiten el Campus

El Ayuntamiento recibe sugerencias de la propiedad, la Seguridad Social y los vecinos de Rondilla

Miguel Ángel Vergaz
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Miguel A. Vergaz

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El Ayuntamiento de Valladolid defiende que los propietarios de El Colegio El Salvador –los empresarios agrupados en torno a la sociedad San Pablo– aprueban la idea de que en su parcela el Campus de la Justicia.

Así lo trasmitió en un comunicado con el que quiso mostrar sus apoyos frente al informe desfavorable de Sacyl para ceder espacio en el antiguo Hospital del Río Hortega, con el argumento de que el parking del mismo es indispensable para los servicios sanitarios cercanos.

De hecho, el comunicado señala que los responsables municipales conocen ese informe «únicamente por la prensa local» en relación a la información aportada por este periódico en su edición del pasado domingo.

El Consistorio detalla que hasta el momento han recibido varios escritos de sugerencias sobre el proyecto en este nuevo emplazamiento, por lo que se «entiende que valida la propuesta» del Ayuntamiento frente a la Ministerio de Justicia, entre el barrio Girón y Las Villas. «La primera impresión de conjunto es que parece viable», afirma el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia.

Esos escritos de sugerencias proceden desde la propiedad de El Salvador, de la Tesorería General de la Seguridad Social (propietaria de los terrenos colindantes que en estos momentos usa Sacyl), de la Asociación Vecinal Rondilla y de Ecologistas en Acción.

Las aportaciones tienen como fin contribuir a la modificación del PGOU e incluyen también propuestas sobre el antiguo Hospital Río Hortega y la Finca Zambrana (con parte de la cual se pretende compensar a los dueños de El Salvador).

Según el Ayuntamiento, entran en cuestiones tan diversas de como discernir los usos actuales y los previstos, viabilidad, edificabilidad y alturas previstas, así como conservación del arbolado y también entran en el tema del aparcamiento.

«Lo que es llamativo es que ni el Ministerio de Justicia ni la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla yLeón han presentado escrito alguno», observó Manuel Saravia.

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