«Hay que asumir tensiones entre el Gobierno y la Junta y gestionarlas»

Apenas lleva 20 días en el cargo de representar al Gobierno de Rajoy en Castilla y León, aunque antes dirigió la Subdelegación en la provincia leonesa. Juan Carlos Suárez-Quiñones (León. 1961), acumula un currículo que no cabría en esta página. Licenciado en Derecho por la Universidad de León, ha sido juez en Benavente y Getafe; magistrado en la Audiencia de León y miembro electo de la Sala de Gobierno del TSJ. Profesor e investigador le toca abordar el conflicto que enfrenta a la Junta y al Gobierno con la minería, un sector que conoce a fondo y con el que asegura estar «implicado a tope». Dice que las relaciones con el presidente de la Junta son «excepcionales» y admite que los «desencuentros» generan tensiones que hay que resolver.

Pregunta.- ¿Cómo son las relaciones entre la Junta y el Gobierno?

Respuesta.- Las relaciones del Gobierno y la Junta de Castilla y León deben ser…

P.- Le pregunto cómo son.

R.- Son como deben ser, relaciones de colaboración, de sintonía en la política que se realiza para dar una respuesta a los ciudadanos, a los que les importa poco de quién son las competencias y quieren recibir un servicio público. Todos a una tenemos que dar los mejores servicios públicos a los ciudadanos de Castilla y León. Las relaciones personales entre quien dirige el Gobierno de la nación y quién dirige el Gobierno de Castilla y León son excepcionales.

P.- Sin embargo, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha dicho este domingo en EL MUNDO que el Gobierno ha cometido un error de bulto al no confiar en la Junta que conoce el sector minero. También son recientes las tensiones de Herrera con el ministro Montoro. Parece que Moncloa hace oídos sordos a estas desavenencias.

P.- El hecho de que haya sintonía no impide que haya un desencuentro. Al fin y al cabo el Gobierno administra una política en términos nacionales y la Junta, en términos de comunidad autónoma.

R.- Desencuentros que generan tensiones.

P.- Sí, ciertamente, hay que asumirlas y gestionarlas cada uno conforme a sus obligaciones y sus responsabilidades. El Gobierno dará una respuesta adecuada a la minería en términos nacionales, de comunidad autónoma y de León.

P.- ¿De qué parte está usted en este conflicto?

R.- En este conflicto estoy siempre con los ciudadanos. Estoy con un proyecto político que gobierna la nación y Castilla y León. No hay partes, no tengo que estar con uno o con otro. Formamos parte todos del mismo proyecto.

P.- ¿Admite que el Gobierno incumple el acuerdo marco 2013-2018 de la minería?

R.- No se puede hablar de errores e incumplimientos. Este Gobierno es muy responsable, tuvo que manejar unas cuentas públicas muy complicadas, inició su etapa con un país prácticamente hundido desde el punto de vista económico y ha tenido que salvarlo a base de afectar a distintos sectores. El de la minería fue uno de los afectados, como todos los demás. Estamos hablando de responsabilidades, no de errores ni de incumplimientos.

P.- ¿Cuántas veces le ha dicho a Rajoy, a la vicepresidenta o al ministro Soria que se equivocan con la minería?

R.- Como subdelegado del Gobierno no podía decirle que se equivoca, mi deber es plantear las reivindicaciones, el estado de opinión, el estado social y la responsabilidad desde el punto de vista provincial del problema. El Gobierno tiene que dar una respuesta en el contexto nacional.

P.- ¿Esa respuesta supondrá salvar la minería de Castilla y León?

R.- Los pasos que se están dando van en ese camino. Quien ha puesto fechas al fin de la minería no ha sido este gobierno, que cuando entró se encontró con esta situación. Nos encontramos, además, con la Unión Europea que tiene unas directrices de unidad de mercado y de libre competencia en las que encajan mal determinadas políticas locales. El Gobierno tiene que salvar y componer el puzzle con todas piezas y lo está haciendo con interés y voluntad política.

P.- ¿Está convencido de que la minería resolverá este año todos sus conflictos y tendrá una cierta tranquilidad al menos hasta 2018?

R.- Ese es el objetivo y el trabajo que todos estamos realizando…

P.- ¿No está seguro de lograrlo?

R.- Ahora estamos en ese trabajo. Es un conflicto en el que participan todos los actores.

P.- ¿Ve al Gobierno con esa voluntad política?

R.- La voluntad la pone de manifiesto cuando ha puesto una orden ministerial y ha dado traslado a las partes para que opinen y hagan sus alegaciones. Es un proceso claro para llegar a una solución consensuada que permita la continuidad del carbón con el tamaño que se pueda conforme a los principios de competitividad en el mercado internacional. Es un proceso en contacto con las eléctricas y con todos los actores importantes. La voluntad política está puesta de manifiesto y demostrada.

P.- ¿Está implicado a tope en esto?

R.- Estoy implicado a tope.

P.- ¿Ha recibido alguna explicación sobre el informe Viloria de prejubilaciones irregulares en este grupo minero que ha estado oculto desde 2009?

R.- No he recibido ninguna explicación. Carezco de competencias para inspeccionar o valorar lo que pasa en la Administración autonómica…

P.- Que ha remitido el informe al Instituto del Carbón, que depende del Ministerio.

R.- A partir de que el informe llega al Instituto del Carbón habrá unas inspecciones de la Seguridad Social para verificar si hay alguna irregularidad. Es muy sencillo, las cotizaciones están perfectamente reflejadas en los sistemas informáticos y si hay elementos erróneos, delictivos o irregulares llevará el camino que deba llevar conforme a la ley.

P.- ¿Ha pedido explicaciones?

R.- No he pedido ninguna explicación.

P.- Las relaciones de la Junta con el Ministerio de Montoro tampoco han sido buenas. Ahí está el modelo de Financiación autonómica, el Fondo de Facilidad y ahora un informe duro de la Agencia Tributaria sobre la trama eólica del que no se ha informado a la Junta y que vierte sospechas sobre posible corrupción de ex altos cargos. ¿Le consta la existencia de irregularidades?

R.- No me consta, en absoluto. Aprovecho para decir que oigo a la gente opinar e incluso juzgar sobre determinados casos de lo que quien sabe, y con dificultades, son el propio juez, el fiscal, la Agencia Tributaria o el ente fiscalizador, con miles de folios, a los que les costará llegar a un conocimiento claro. Si a ellos les cuesta y son materias complejas, no entiendo cómo la gente desde fuera puede opinar alegremente, y establecer responsabilidades. Yo de lo que no sé no suelo opinar. Lo que sí sé es que las instituciones funcionan. Hay unos órganos que se limitan a determinar el cumplimiento de la ley, como son Policía, Agencia Tributaria, Intervención del Estado… Si esos órganos preventivos observan alguna irregularidad, lo pondrán en manos de los que tienen que exigir responsabilidad, Fiscalía y Poder judicial. Ese es el juego y funciona, respetemos los tiempos de esas instituciones.

P.- ¿No cree que el Ministerio de Hacienda, de quien depende la Agencia Tributaria, debería haber pedido los expedientes de la trama eólica, como plantea la Junta, para tener un conocimiento más real del proceso?

R.- Tengo que presuponer que cuando esos expedientes sean necesarios en la labor inspectora que se está realizando, lo solicitarán. Forma parte de una actuación administrativa que ni me corresponde valorar ni tampoco le puedo decir exactamente en qué momento la norma exige que se aporte el expediente. Estos órganos preventivos tienen una alta cualificación, son independientes, autónomos y por lo tanto funciona al margen de ninguna interferencia ni del Gobierno ni de ninguna administración. Dejemos que trabajen.

P.- El debate sobre el modelo de financiación es un debate constante en esta Comunidad. La negociación y la reforma se han aplazado. ¿Ve necesario un cambio para que esta Comunidad sobre todo en sanidad y educación?

R.- (Silencio) Los recursos públicos son limitados y hay que administrarlos con corrección. El Gobierno debe garantizar que esa administración llegue a todas las partes del territorio con un principio de igualdad en la recepción de los servicios públicos. Si hay algún territorio, sea Castilla y León u otro, donde no se garantice ese principio habrá que garantizarlo.

P.- ¿Le consta que en Castilla y León no está garantizado, como dice la propia Junta y todos los partidos?

R.- Si a la Junta le consta y cree que hay que hacer alguna corrección no me cabe ninguna duda de que será escuchada por el Gobierno de la nación y en la medida en que sea posible en el contexto nacional se llegará a un acuerdo.

P.- ¿No le consta que el modelo de financiación esté generando déficit en sanidad y educación?

R.- No me consta ni que esté garantizado ni que no lo esté. Es una administración que le corresponde a la Comunidad autónoma y plantear la reivindicación correspondiente al Gobierno de la nación. Llevo 19 días en el cargo, no he tenido tiempo de acercarme a todos los problemas y en este no he tenido tiempo de tener ningún contacto que me permita conocer lo que me pregunta.

P.- ¿Con qué frecuencia habla con Herrera desde que ocupa este cargo?

R.- Hablo frecuentemente, fui a hacerle una visita institucional, hablamos en los actos en los que nos encontramos y fuera de los actos tenemos fluidez en la comunicación a través del teléfono, del whatsapp y personalmente.

P.- Rajoy prevé cerrar la legislatura con menos paro del que se encontró y crecer al 2,9%. Si esta previsión se traslada a Castilla y León, el paro bajaría por debajo de los 201.500 desempleados, que es como acabó 2011. ¿Será posible rebajar el paro en estos meses en más de 30.000 personas?

R.- Las posibilidades de una política tienen que demostrarse con los hechos. El Gobierno de España demuestra con hechos que la política económica es la adecuada. Asumió una política económica que ha permitido pasar de un déficit del 9% a un 5,7%, como le impuso la Unión Europea para 2014. España ha empezado a crear empleo neto. El Gobierno tiene el objetivo de crear un millón de empleos entre 2014 y 2015, de los que tiene creados la mitad, y llegar a los 20 millones de ocupados al finalizar la próxima legislatura si los ciudadanos le dan la confianza en las próximas elecciones. No me cabe ninguna duda de que van a cumplir estos objetivos.

P.- No me ha respondido a si en Castilla y León se va a cumplir ese objetivo de que haya menos paro que en 2011, que supondría más de 30.000 parados menos que ahora.

R.- Creo que se va a cumplir.

P.- ¿No tiene dudas?

R.- No tengo dudas de mi gobierno. La disminución de paro y la creación de empleo son paralelas en la Comunidad y en el conjunto de España.

P.- Sin embargo, la horquilla de diferencial de paro, positiva para Castilla y León, se está reduciendo. Mejora más la situación nacional que la autonómica.

R.- El objetivo se va a cumplir.

P.- Los sindicatos han planteado su oposición contundente a la reforma laboral, que ha sido el eje de este 1º de Mayo. Hay que cambiar esta reforma en la dirección sindical.

R.- La reforma laboral no es una medida aislada. Es una de las que el Gobierno ha tomado para aumentar la competitividad. Este país no era competitivo, no vendía al exterior, sólo compraba al exterior y se endeudaba. Era un país sin futuro cuando este Gobierno asumió las riendas. Las reformas han sido duras y complicadas; las han sufrido los ciudadanos en bien de los ciudadanos. Los resultados en conjunto, con la reforma eléctrica, son asombrosos: una curva hacia arriba de la competitividad y una curva asombrosa hacia abajo del desempleo. Estamos en el buen camino y en ese camino, en un futuro, si las condiciones económicas lo permiten, habrá que recuperar cuotas de bienestar perdido por todos los españoles incluidos los trabajadores.

P.- ¿Prevé un severo castigo al PP en las autonómicas por el paro y la corrupción?

R.- (Silencio) No lo sé. Todos los especialistas dicen que nunca antes unas elecciones eran tan poco predecibles. Me sumo a esa argumentación. Si usted me pregunta si sería justo que el PP tuviera mal resultado, no sería justo. Un gobierno, sostenido por un partido que ha demostrado la responsabilidad de hacer aquello que había que hacer contra viento y marea, contra la adversidad y con una política que ha demostrado un crecimiento económico y del empleo… sería una valoración injusta. ¿Por qué razón un ciudadano va a cambiar a unos administradores adecuados del dinero público y de la gestión que hace que las curvas vayan hacia arriba? ¿Por qué tiene que cambiarlos a medio camino de la implantación de su programa político y de su ideario económico? ¿Por qué hay que volver ahora a experimentos y a políticas pasadas? Hay que mantener la confianza en quien ha hecho ese trabajo. A veces nos olvidamos de cómo estábamos en 2011. Recomiendo repasar las hemerotecas y no encuentro razones para que haya que cambiar.

P.- ¿Están haciendo los jueces más en la lucha contra la corrupción que los políticos?

R.- Los jueces están haciendo su papel y el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Desde que ha empezado el Gobierno está haciendo una cruzada contra la corrupción. Una cruzada a través de un plan de regeneración democrática y otras leyes.

P.- ¿Veremos en breve la desaparición de ayuntamientos por no formular sus cuentas? Inquieta y mucho esta amenaza a pueblos pequeños de Castilla y León.

R.- El Gobierno se ha mostrado muy prudente con las opiniones técnicas de quien decía que hay que reducir o fusionar ayuntamientos. Está más en la vía de facilitar que se cumpla la normativa, que se controlen las cuentas públicas que de eliminar instituciones tan queridas y cercanas al ciudadano como son los ayuntamientos o las entidades locales. Se le va a encontrar mal al Gobierno en medidas drásticas que en lograr que lo que hay sea transparente y que el ciudadano sienta que se administran bien sus recursos.

P.- ¿A pesar de Montoro?

R.- No, con Montoro.

P.- ¿Es partidario de multar a medios de comunicación que publiquen datos de sumarios como acaba de superior y luego retirar el ministro Rafael Catalá?

R.- Es un debate en el que a veces las palabras se hacen presas de forma injusta. Parto de la base de que todas las actuaciones de la instrucción sumarial tienen dos finalidades: proteger el fin de la investigación y salvaguardar la reputación de los investigados porque no hay merma de su presunción de inocencia. La realidad no es así, las instrucciones están en los periódicos, en las tertulias y en el debate político. Eso hace mermar bastante la calidad del Estado de Derecho y el derecho a la presunción de inocencia, a la intimidad y a la propia imagen. Hay que tratar que el extraordinario trabajo de los medios de comunicación y la incontestable libertad de prensa no se manchen con excesos innecesarios.

P.- No me ha contestado, ¿hay que sancionar sí o no a los medios?

R.- No, yo no sancionaría en ningún caso a un medio de comunicación porque creo que el medio de comunicación hará cumplidamente su trabajo con arreglo a los derechos fundamentales de los demás. Ni yo soy partidario ni el ministro ha manifestado que lo sea.