Política
Villanueva defiende la rectitud y legalidad de las autorizaciones entre 2004 y 2007 a 35 parques eólicos
El consejero insiste en que desconoce el informe de la Agencia Tributaria sobre la presunta trama eólica pero anuncia que la Junta actuará si se desvela algún perjuicio de los intereses públicos

l consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, junto al vicepresidente de la Mesa de las Cortes, Fernando Rodríguez Porres, antes de comparecer ante la Diputación Permanente de las Cortes-Ical
El consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Villanueva, defendió la “rectitud y sujeción a la legalidad” de todos los expedientes de autorización para el desarrollo de parques eólicos en la Comunidad; los plazos en su tramitación; así como las operaciones de transmisión entre privados sujetas a permiso administrativo expreso.
Villanueva, que compareció a petición propia ante la Diputación Permanente de las Cortes, tras conocer a través de los medios una presunta trama de corrupción en la concesión de estas autorizaciones, incidió en que su departamento actuó “correctamente” y con “transparencia” y anunció que si de las investigaciones se determinase un perjuicio a los intereses públicos “la Junta a través de sus servicios jurídicos tomará activamente posición ante ello”.
Tomás Villanueva también pidió a los grupos políticos que valoren la “responsabilidad, seriedad y rigor” con la que “siempre ha obrado” la Junta y “no busquen tergiversar” las informaciones “con el solo objetivo de crear confusión en el momento político en el que nos encontramos”.
Tomás Villanueva desveló que de la información publicada han identificado 35 parques eólicos entre 2004 y 2007 en Burgos, León, Soria y Palencia, que serán “posiblemente” a los que se hace referencia en relación con las empresas presuntamente implicadas en la trama. El consejero lamentó una y otra vez que desconocen el contenido del informe de 94 páginas que la Agencia Tributaria ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción y constató que no se han puesto en contacto con el Gobierno regional hasta la fecha para informales de “ninguna investigación”.
Es más, el consejero denunció que la Agencia Tributaria “se ha negado a remitir el informe a la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta, que lo solicitó inmediatamente, alegando que es información reservada y confidencial”, tras su publicación el pasado día 20. Aseveró también que en ningún momento se han requerido a la Junta los expedientes relativos a las autorizaciones, que se vinculan a las presuntas irregularidades.
Villanueva resaltó que todos los expedientes se tramitaron conforme a la regulación vigente , adecuada, dijo, a los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de la Energía (hoy CNMC) y repitió que las autorizaciones de los 35 parques investigados “se han vuelto a verificar en los últimos días”. “Puedo afirmar que su tramitación se ha ajustado escrupulosamente a la legalidad”, dijo. Asimismo incidió en que el orden de tramitación de los expedientes respetó siempre “su antigüedad” y, en términos generales, se cumplieron los plazos en el procedimiento.
El consejero también analizó la limitación de las transmisiones de autorizaciones y cambios de titularidad, que requieren, dijo de una autorización expresa de la Administración siempre que superen el 50 por ciento de las acciones de capital social. Al respecto defendió que las operaciones acogidas a esta norma “se han autorizado cumpliendo de forma rigurosa el citado decreto”. “Toda esta tramitación se ha seguido a rajatabla en el caso de los 35 expedientes que nos ocupan”, apostilló.
Con todo, Villanueva indicó que “evidentemente” los acuerdos que se pudiesen haber establecido entre particulares o empresas en cuanto a condiciones de compraventa de acciones de titulares de parques eólicos “corresponden al ámbito privado y no son competencia, ni responsabilidad de la Junta, más allá del adecuado seguimiento de las consecuencias en materia de impuestos que estas transmisiones puedan tener”.
Situación del sector
La Diputación Permanente, que arrancó con un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Nepal y que se alargó durante algo más de dos horas, pudo conocer también la situación del sector eólico, que ocupó también un parte importante de la intervención del consejero. En concreto, Tomás Villanueva expuso que Castilla y León está a la cabeza en producción eólica en España, con un total de 230 parques eólicos, con 5.556 megavatios. El consejero indicó que otros 1.581 megavatios de 84 parques están autorizados, pero aún no han iniciado las obras.
Tomás Villanueva defendió la regulación del sector en la Comunidad y señaló que “ha permitido durante todos estos años un desarrollo ordenado de la energía eólica y frente a los planes de promoción o concursos que se han producido en otras comunidades, los resultados obtenidos en Castilla y León indican que el sistema de competencia de proyectos ha permitido un grado adecuado de apertura”.
El consejero defendió que España no puede prescindir de este tipo de energía y abogó por seguir agilizando administrativamente los procedimientos y por proseguir con la cooperación con los diferentes agentes implicados. Aseveró que el nuevo marco regulatorio, sin primas a la producción, ha obligado a redefinir el futuro del sector, y precisó que esta campaña han pagado las tasas administrativas 140 expedientes de parques, y se han archivado 1.008, “lo cual ayudará a simplificar de forma clara el escenario de la energía eólica en Castilla y León, que era muy complicado por el gran número de solicitudes en el territorio, en muchos casos solapándose unas sobre otras”. En este contexto, precisó que se han identificado unos 3.000 nuevos megavatios con expedientes vivos que puedan tener viabilidad técnica.
Por último, repitió la necesidad de seguir apostando por esta actividad, que da empleo a 740 personas en mantenimiento y a 1.200 en industrias, y recordó su impacto en el desarrollo económico del mundo rural, facilitando rentas para los propietarios de terrenos que en muchos casos eran de titularidad municipal. En concreto, concretó, “estas rentas han alcanzado la cifra de 22,2 millones de euros anuales, incrementando los ingresos de las administraciones locales”.