Historias reales inspiran un catálogo de 12 ideas para mejorar la Renta

A la ventanilla que cada jueves abre la Plataforma Social de Valladolid en el centro cívico Juan de Austria para escuchar y ayudar a los ciudadanos en la gestión de sus derechos sociales frente a la administración han llegado en los últimos dos años decenas de historias dramáticas. Casos, en muchas ocasiones, de personas a las que se les ha denegado una prestación conforme a la ley, pero contrariamente a la justicia social.

Esas experiencias han inspirado un catálogo de doce propuestas para mejorar la Renta Garantizada de Ciudadanía. Algunas han sido llevadas sin éxito por el Grupo Socialista a las Cortes; y otras están siendo negociadas en las mesas del Diálogo Social.

Una común –defendida en el Parlamento y ahora por los sindicatos– es la modificación de la Ley para compatibilizar este derecho subjetivo con los subsidios por desempleo, cuando éstas son inferiores a los 426 euros. Los recortes sobre las prestaciones de paro, ejecutados por el Gobierno en 2012, han provocado que hoy haya ciudadanos cobrando 42 euros al mes, sin derecho a cobrar la Renta, según denuncia la Plataforma Social.

Otra situación habitual es la de ciudadanos a los que se les deniega esta prestación por tener una casa en el pueblo o un vehículo, cuya tasación supera la anualidad de la Renta. La plataforma pide flexibilizar estas valoraciones. Alega que hay quien no encuentra comprador o arrendatario para esa vivienda rural o autónomos que, si malvenden su coche para ser beneficiarios de la Renta, tendrán más dificultades para reincorporarse a su actividad laboral cuando la situación mejore.

La Plataforma reclama a la Junta que cumpla el Reglamento y resuelva las solicitudes en el plazo de tres meses, con el ingreso efectivo de la cantidad que corresponda. Si la deniega, pide sustituir el silencio administrativo [negativo] por una resolución desestimatoria. Además, si el pago de la Renta se interrumpe porque el beneficiario empieza a cobrar una prestación del Servicio de Empleo, el expediente de reanudación debe resolverse en 30 días, según este colectivo social.

Otra medida que «contribuiría a reducir el número de desahucios» sería la de ampliar el complemento que percibe una unidad familiar para pagar la cuota de alquiler o hipotecaria en un vivienda protegida a una libre, cuando su coste no supere los 180.000 euros.

La Plataforma Social considera oportuno revisar el concepto de ‘unidad familiar o de convivencia’. Conforme al reglamento, puede darse la situación de un matrimonio de pensionistas que tiene a su hijo y su pareja viviendo en casa. El hijo puede ser beneficiario de la Renta mientras el padre cobra su pensión pero, si éste fallece, la viuda, que pasa a considerarse miembro de la unidad familiar del hijo, le priva de la Renta al cobrar ella la pensión de viudedad. Esto «debe corregirse».

En el dodecálogo de propuestas de mejora, este colectivo social reclama más facilidades de tramitación para extranjeros con nacionalidad española y flexibilidad con los autónomos. Y, si la Junta se equivoca en el cálculo e ingresa al beneficiario una cuantía mayor de la que le corresponde, no debe, según la Plataforma, exigir devolución alguna.