«La bajada de los aranceles sería el fin»

El convenio firmado con el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, fue una de las raras ocasiones de entendimiento entre los procuradores y el Ministerio. De la fachada del Colegio de Procuradores de Valladolid aún pende un enorme cartel de protesta.

En las intenciones del Gobierno –ahora larvadas con el nuevo ministro– estaba la de desposeerles de su posición como representantes del ciudadano ante los tribunales –son los que siguen todos los avatares de un proceso y se encargan de comunicar requerimientos, notificaciones, emplazamientos y citaciones – en favor de los abogados.

Todo en medio de una campaña en la que muchos opinaban sobre la futilidad de esta figura del procurador, que no existe en otros países.

«Antes de poner como ejemplo a otros países hay que conocer su sistema jurídico», indica la decana de los procuradores de Valladolid, Cristina Goicoechea. «Alguien se puede llevar la sorpresa de descubrir que, gracias a los procuradores, el de España puede tener más garantías», defiende.

Ahora, además de la espada de Damócles de un nuevo intento de abrir las funciones que tiene en exclusiva, el ruido de fondo es que los aranceles (la parte que les corresponde por la tramitación de un proceso) no solo no se vean incrementados, sino que disminuyan.

«Si esto es así es que quieren marcar nuestro fin de una manera u otra. Los aranceles no se han revisado desde el año 2003, cuando nuestro gastos, como se ha visto en el terma de las telecomunicaciones, sí que se han incrementado». Los aranceles aparecen regulados en el Real Decreto 1373/2003 y su cuantía es muy variable, desde 10 euros hasta, en casos de litigios millonarios ( y muy excpecionales), de 1.500 y 2.000 euros.