El problema de la vivienda requiere una acción política conjunta

EL ACCESO a la vivienda, para jóvenes y no tan jóvenes, es un problema creciente. Lo es en las ciudades, pero lo es también en el ámbito rural. De poco sirve una ley elaborada y diseñada por teóricos de la legislación que ni conocen el terreno ni el territorio. Un problema creciente que sigue estallándole al gobierno central, que es quien legisla en materia de vivienda. Legislación con la que luego se tienen que componer las comunidades autónomas, en quienes residen las competencias.

La decisión de la Junta de descartar la declaración de zonas tensionadas para acotar el precio de los alquileres es esencialmente de sentido común. Ese es el supuesto instrumento que pone la absurda norma en manos de los ejecutivos autonómicos para tratar de solucionar el problema. Es decir, intervenir en una parte del mercado sin intervenir realmente en el mercado. Una herramienta estúpida que no garantiza nada, pero con la que el gobierno central pretende sacudirse la responsabilidad de una de las principales preocupaciones de los españoles.

Pedro Sánchez llegó a su actual mandato bajo la promesa de poner 180.000 viviendas en el mercado para contener los precios. Muchas de ellas, hasta 40.000, iban a salir de la cosecha del banco malo, Sareb, que lleva años guardando pisos y solares que hemos pagado todos con nuestros impuestos y que tienen la obligación de amortizar para cerrar aquel agujero que crearon los descontroles bancarios y la politización de las cajas de ahorro, desaparecidas tras la crisis financiera.

Pisos no ha puesto en el mercado como prometió. Pero se ha inventado una ley que no sirve para nada más que para regular desde la ineficacia de la burocracia política.

El nuevo invento salido del congreso federal de Sevilla es la creación de una empresa pública de vivienda. Tiene pinta de ser otra patada hacia adelante por parte de un gobierno acorralado por los sobresaltos de los escándalos. El problema sigue creciendo y agudizándose.

Y como siempre sin contar con la parte esencial, las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias. Es la dinámica del gobierno, crear un problema que parece una solución, para luego dejar su gestión en manos de otros y así sacudirse la responsabilidad. Ya no cuela. La solución al problema de la vivienda pasa por poner viviendas públicas en el mercado para contener la especulación. Y eso pasa por poner inversión y contar con la complicidad y la acción de las comunidades autónomas para que la acción sea ágil. El resto es populismo sin eficacia.