Diario de Valladolid

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El CÓDIGO civil define el fraude de ley como aquellos actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él. Por su parte la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal. 

Puede ser discutible que la convocatoria de elecciones para el 23 de julio sea un acto contrario al ordenamiento jurídico pero es evidente que se trata de un acto contrario al interés de la ciudadanía que perjudica la participación democrática rozando lo fraudulento. ¿Por qué los ciudadanos tienen que soportar los perjuicios de un acto basado en artimañas políticas y legales que sólo persigue el interés personal y la pura estrategia partidista? ¿Es lícito obligar a los ciudadanos a tener que elegir entre votar o irse de vacaciones teniendo en cuenta los plazos del voto por correo o la posibilidad de tener que acudir a una mesa electoral? Está claro que Sánchez se pasa por el forro las vacaciones de los españoles, el interés general, las cancelaciones hoteleras, el fraude de Ley o los perjuicios al sector turístico.

Ante esta situación lo más normal es que surjan movimientos de insumisión electoral como el que ya han anunciado, con toda razón y valentía, algunos Ayuntamientos en Castilla y León. Esta convocatoria no deja de ser un fiel reflejo de una gestión política basada en el interés partidista y personal como prioridad fundamental frente a los intereses de los ciudadanos. Es evidente que el Presidente Sánchez antepone, en esto y en todo, sus intereses personales de poder político a lo que realmente puede interesar o convenir más a la ciudadanía. Es lo que a él más le interesa y, si para ello, se tiene que llevar por delante las merecidas vacaciones de los españoles, más de sesenta iniciativas legislativas o la Presidencia de la Unión Europea, le da exactamente igual.

No se puede perjudicar intencionadamente la participación democrática en unas elecciones tan transcendentales en las que nos jugamos el modelo territorial de país. Sánchez se agarra con esta convocatoria a la posibilidad de mantener el pacto con los separatistas aunque para eso tenga que aceptar, con toda seguridad, la exigencia de referéndums de independencia en la próxima Legislatura o lo que haga falta. Nos la jugamos como país y la pretendida baja participación nos puede condenar a otros cuatro años de chantajes y concesiones inaceptables. Que te vote Txapote (si no está de vacaciones).

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