Diario de Valladolid

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No es cuestión de hacer comparaciones bíblicas pero si analizamos la actual Legislatura con un mínimo de perspectiva observamos que el Gobierno de España ha ido cumpliendo punto por punto todo el itinerario independentista impuesto por sus socios catalanes a cambio de su apoyo. Estaba claro que el apoyo de los socios de Gobierno no nos iba a salir gratis pero si hace unos años nos dicen todo lo que iba a pasar nos hubiéramos reído de incredulidad. Primero, los vergonzosos beneficios penitenciarios concedidos a los separatistas condenados o imputados en un claro ejemplo de privilegio político consentido; después la concesión de los indultos a los condenados por sentencia judicial. Algo que parecía imposible después de la actitud desafiante del separatismo catalán y su promesa de volverlo a hacer; más tarde la supresión del delito de sedición para mejorar aún más su situación penal en perjuicio de los poderes del Estado; seguidamente nos han colado también la modificación del delito de malversación en un ejercicio de funambulismo jurídico y político difícil de superar. No se trata, en este caso, de una exigencia casual para mejorar su situación procesal sino de una imposición fundamental para los separatistas en orden a evitar cualquier situación de inhabilitación que les pudiera impedir el ejercicio político futuro de sus fines independentistas.

Es decir, este Vía Crucis de exigencias no es sólo un mecanismo de defensa y absolución jurídica de los hechos del pasado, sino, fundamentalmente, una herramienta de futuro para repetirlos con más éxito y cumplir sus objetivos. Una estrategia de futuro perfectamente planificada que pasa también por el cambio de composición del Tribunal Constitucional. Controlado y arrodillado el Gobierno de España y vendido el Legislativo a las ambiciones de Sánchez, los independentistas saben que, salvo que las urnas lo remedien, el Tribunal Constitucional es el último obstáculo a sus pretensiones.

No se trata, por tanto, de reparar o absolver los errores y delitos del pasado sino de asegurarse su repetición con éxito y sin consecuencias penales. El Gobierno de España ha cumplido punto por punto todas las exigencias de los independentistas. Todo está cumplido. Pero ¿alguien puede esperar a cambio la más mínima lealtad institucional por parte de los separatistas catalanes? Todo lo contrario. Se regodean de haber debilitado el Estado y presumirán de ello en campaña para prometer un nuevo referéndum. Superado también el obstáculo del Tribunal Constitucional sólo nos queda la palabra de Sánchez y eso, como todo el mundo sabe, da mucha tranquilidad…

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