Optimismo y cautela ante el descenso de desahucios
POR TERCER trimestre consecutivo los desahucios en Castilla León han experimentado un sensible descenso, marcando un mínimo en los últimos seis años.
Según el informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, que elabora periódicamente el Consejo General del Poder Judicial, entre enero y septiembre de este año se produjeron en Castilla y León 1.661 desalojos, un 9,8% por debajo de los nueve primeros meses 2018. Si la tendencia es genérica para todo el país, en Castilla y León se acentúa con seis décimas de descenso por encima de la media española.
Aunque detrás de cada desahucio hay un drama personal y familiar y no cabe felicitatarse hasta que se reduzcan los lanzamientos a la mínima expresión, el indicador es un semáforo del cauce que está siguiendo la economía castellanoleonesa y como indicador va marcando una tendencia positiva ante la que sí cabe felicitarse, cáutamente, sin echar necesariamente las campanas al vuelo.
Pese a que los 352 desahucios vinculados al impago de hipotecas suponen un descenso del 35% con respecto al mismo período de 2018, se constata un repunte en los que afectan a familias que viven en un piso de alquiler, uno de los sectores que más fuerza cogió con la crisis económicas por aquellos que no podían afrontar la compra de un piso. Este aspecto de los desahucios por alquiler ha crecido notablemente, un 73%, una tendencia generalizada en toda España pero que no puede obviar que 1.212 familias tuvieron que empaquetar sus bienes y abandonar su vivienda alquilada.
En términos macroeconómicos, el indicador revela una mayor disponibilidad económica entre los ciudadanos, que puede comprometerse en gastos importantes como es la adquisición de una vivienda. Sin embargo, como tendencia aún ha de consolidarse en el tiempo y contraponerse con otros indicadores antes de tomar decisiones como flexibilizar el acceso al crédito y asumir el riesgo de entrar en una nueva espiral de deuda como la que generó la crisis de 2008.
Hay que confrontar los datos sobre los impagos inmobiliarios con otros indicadores económicos, como crecimiento del PIB, para tener una visión de conjunto más ajustada a la realidad. El índice de creación de riqueza se encuentra en un proceso de desaceleración económica que ya nadie cuestiona, por lo que las medidas a aplicar lo son para evitar que se desate una nueva crisis económica. El semáforo está por lo tanto en ámbar y la cautela ha de presidir las decisiones de las clases política y económica, así como las de la sociedad civil, que no deben cegarse en sus decisiones por datos que, siendo positivos, pueden enmascarar una realidad que no aconseja bajar la guardia.