Cuidados paliativos y derechos del paciente al final de su vida
El anteproyecto de derechos y garantías de las personas al final de su vida entró la semana pasada en el portal de participación del Gobierno regional con el fin de que los ciudadanos y asociaciones puedan presentar aportaciones. La nueva normativa de la Junta no introduce grandes modificaciones sobre los procedimientos ya implantados y más bien trata de unificar en un solo texto prácticas ya reguladas.
Se trata de establecer protocolos y actuaciones específicas que alivien el dolor físico y emocional de los enfermos en su última etapa de la vida y en los momentos en los que las personas son más vulnerable. En Castilla y León, esta situación de pacientes con pronósticos irreversibles afecta anualmente a unas 9.000 personas, según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
Garantizar el derecho ciudadano a esos cuidados requiere de medios económicos y de recursos humanos, y esto es lo que es urgente e importante garantizar, porque, como bien dice el anteproyecto sometido a debate, es una prioridad preservar la dignidad y el bienestar del paciente y respetar su voluntad. Se trata también de garantizar que cualquier tratamiento que suponga la prolongación de la vida evite sufrimientos innecesarios para pacientes con pronósticos de vida limitados.
El texto normativo de la Junta no pretende regular la eutanasia ni otros supuestos de muerte diga porque ambos son competencia de la Administración central delEstado. El objetivo es abordar derechos de un paciente en los últimos días de su vida. Entre otros aspectos, garantizar el consentimiento a recibir un tratamiento determinado o negarse a él y asegurar el derecho a disponer de una habitación individual en los hospitales públicos o concertados.
El borrador de anteproyecto también recoge las obligaciones de las residencias de mayores y establece las multas por incumplimiento de las obligaciones, siendo la Consejería de Sanidad la encargada de vigilarla.
Sería bueno que sobre todos los profesionales de la sanidad y las organizaciones de defensa del paciente plantearan sus objeciones y propuestas para mejorar el texto de la Junta. Son ellos los que pueden aportar iniciativas.
En definitiva se trata de garantizar toda una serie de derechos a los ciudadanos en su peor momento. No se trata solo de atenciones físicas sino de un conjunto coordinado de acciones que requiere de la implicación de muchos colectivos.También de los ciudadanos que hayan tenido experiencias trasladables a esta situación. Es preciso sobre todo que exista una colaboración estrecha entre profesionales y familias para que se pongan los medios que garanticen esos derechos.