Déficit de cultura jurídica

Los pasados 19 y 20 de febrero de 2019 ha tenido lugar en Madrid la celebración del XXVI Congreso Mundial del Derecho. Este singular evento se ha desarrollado en el incomparable marco del Teatro Real. Durante esos días la capital de España se ha convertido en el epicentro internacional del orbe jurídico. En él han participado más de dos mil profesionales relacionados con el Derecho: abogados, jueces, fiscales, procuradores, letrados de la administración de justicia, profesores, etc…

La iniciativa de este congreso ha partido de la ‘World Jurist Association’ (Asociación Mundial de Juristas). Esta entidad privada fue fundada en Estados Unidos -en el año 1963- y su fuente intelectual está basada en el concepto original, acuñado por el primer ministro inglés y Premio Nobel de Literatura Sir Winston Churchill, de contribuir firmemente desde la sociedad civil a fortalecer el Estado de Derecho. Noble propósito que ha perdurado hasta nuestros días. Para que exista democracia es necesaria la ley porque sino degenerará, en palabras del genial historiador griego del Siglo II a.e.c. (antes de la era cristiana) Polibio, en oclocracia o gobierno de la muchedumbre.

El Congreso, de carácter bienal, es la visualización más efectiva de todas las actividades que realiza. En el transcurso de las jornadas de este peculiar Congreso, además de haberse celebrado conferencias y ponencias de eminentes y relevantes juristas de todo el planeta, ha tenido lugar la entrega del galardón ‘World Peace & Liberty Award’ (Premio Mundial de la Paz y la Libertad) a Felipe VI. Es considerado por algunos como el Nobel del Derecho.

Este premio nace con una doble finalidad: por un lado, la de defender el Estado de Derecho, el principio de legalidad consustancial de los Estados Modernos y el respeto a las libertades de los ciudadanos y, por otro lado, la de premiar a aquella persona o personas e instituciones que luchan, incansablemente, desde la sociedad civil, por el Estado de Derecho y la defensa de la Democracia y la Libertad. En su seno se ha galardonado a S.M. el Rey de España por su compromiso inquebrantable por la defensa de la Ley y de los principios democráticos que inspiran nuestro país desde hace cuarenta años.

Vivimos en un mundo y en una sociedad imbuida por el Derecho. Decía uno de los Fundadores de los Estados Unidos de América que hay dos realidades insoslayables en la vida: la muerte y los impuestos. Pues bien, a mi modo de ver, hay una cuestión con la que nos chocamos día tras día de nuestra vida: todo es Derecho o aplicación del Derecho. Podríamos decir que todo lo que hacemos y decimos tiene algún tipo de alcance jurídico. Hasta tal punto el Derecho lo gobierna y modela todo, que el actual Director de la Real Academia de la Lengua Española es un eminente jurista, D. Santiago Muñoz Machado, Catedrático de Derecho Administrativo, por no señalar que varios de los Presidentes del Gobierno de España y muchos de los Presidentes o Presidentas de Comunidades Autónomas, de las Diputaciones Provinciales o de los Ayuntamientos han sido o son Licenciados o Graduados en Derecho.

Junto a ello, hemos de resaltar que a lo largo de los últimos meses se han sucedido, sin solución de continuidad, noticias impactantes relativas a resoluciones judiciales o a decisiones del gobierno de la Nación, de las Comunidades Autónomas o de los Ayuntamientos que tienen grandes implicaciones sobre la vida de los ciudadanos: la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de las tasas o de los impuestos o el juicio del ‘procés’. De todos ellos me quedo con el asunto relativo al pago de los gastos derivados de las hipotecas cuya decisión ha sido tan controvertida que ha tenido que ser revisada por el Pleno del Tribunal Supremo. Si uno conoce la norma que regula las actuaciones del Tribunal Supremo, su actuación ha sido acorde con el ordenamiento jurídico. Sin embargo, para el ciudadano de a pie, las resoluciones de unos Tribunales que se contradicen con otros, no las entiende.

Después de darle muchas vueltas, he llegado a la conclusión de que los españoles adolecemos de una cultura jurídica mínima que nos permita comprender las derivaciones jurídicas de nuestras actuaciones o de los organismos públicos o privados con los que nos relacionamos.

Es sorprendente -y escandaloso- que en las asignaturas que cursan nuestros escolares no aparece alguna que, específicamente, explique la Constitución Española, norma institucional básica que da cobertura jurídica al resto del ordenamiento jurídico. Sin embargo, sí que encontramos materias relativas a la historia, la literatura, las matemáticas -como no podría ser de otra manera- e incluso en los cursos superiores se imparten nociones de economía y emprendimiento. Incorporemos a nuestras leyes educativas, desde edades tempranas, nociones básicas de Derecho. Ayudarán a las futuras generaciones a moverse en el mundo jurídico y judicializado en el que vivirán.

Me quedo con las palabras que el Jefe del Estado pronunció en el discurso de agradecimiento por la entrega del premio que le hizo la Asociación Mundial de Juristas y que resume -a la perfección- la aspiración de todo pueblo y Estado Contemporáneo: «Que no hay libertad sin leyes se ha sabido siempre. Así como también que sin leyes no puede haber democracia. Por ello ley, libertad y democracia se encuentran unidas en el mejor pensamiento que ha producido la cultura universal». Trabajemos porque el imperio de la ley marque nuestras actuaciones en un marco de libertad, tal y como decía Alexis de Tocqueville en su magistral obra La democracia en América. Para ello, antes, hemos de conocerlas. Que el Estado por una parte y los ciudadanos por otra -cada uno en su ámbito- nos ocupemos y preocupemos de ello.

José Manuel Cantera Cuartango es funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.