Un dinero imprescindible para los servicios públicos
UNA CUENTA PENDIENTE de 440 millones, que es lo que reclama Castilla y León a la administración central, por entregas a cuenta correspondientes al ejercicio actual y a la liquidación del IVA de 2017, no es sólo un asunto de extrema importancia. Se trata para una Comunidad de la humildad de Castilla y León de una cuestión de supervivencia. Porque esto no es Madrid, ni Cataluña ni mucho menos el País Vasco, a los que a la prosperidad de su economía, en caso vasco, se suma el premio del cuponazo que gobierno tras gobierno ha transigido pese al agravio que supone.
El ejecutivo de Pedro Sánchez no sólo debe explicar cuál es la imposibilidad de que un gobierno en funciones ejecute esos pagos, debe también hacerse responsable puesto que la interinidad del ejecutivo que lidera es fundamentalmente responsabilidad suya, aunque no sólo suya.
La excusa de la interinidad no puede mantener asfixiadas las cuentas y por tanto el funcionamiento de las administraciones autonómicas. Porque hay que recordar que Castilla y León no ha hecho más que sumarse al coro de los territorios que vienen reclamando desde antes del verano que se ejecuten estos pagos. Esto no es una cuestión política. Es una cuestión de Comunidad. Y en cuestiones de Comunidad, que nos competen a todos por igual, la unidad de las fuerzas políticas parece una evidente obligación.
No es la primera ni será la última vez que Castilla y León vive estos episodios de angustia financiera por meros motivos de intrigas o alquimias políticas.
No son tan lejanos los tiempos en los que el ministro del PP Montoro pretendía no sólo hurtar plazos sino incluso cantidades a las cuentas de Castilla y León. Y en aquel momento, incluso con más vehemencia y beligerancia, el gobierno de Castilla y León, también del PP alzó la voz y le cantó las cuarenta al ya olvidado ministro.
Pues eso mismo que se hizo en tiempos y sirvió no sólo para que se escuchar la voz de Castilla y León, sino para que en Madrid supieran que no éramos ingenuos ni idiotas, es algo que además del partido del gobierno, también debe ejercerlo el principal partido de la oposición, que en tantas ocasiones criticó a Herrera al considerar que sus protestas eran mera teatralización de cara al público, pero que luego tragaba y asumía las decisiones que entonces tomaban en Génova y en La Moncloa su propio partido.
Ya no la siempre orillada cuestión de un modelo de financiación que permita la supervivencia de todos los territorios, sino en este caso las aportaciones anuales que amenazan con ocasionar una asfixia en las cuentas de los territorios menos favorecidos requiere que la política alce la voz. Es el tiempo de la política y los políticos que les concierne lo esencial y no las polémicas absurdas que sólo a ellos importan, sin importarles lo que verdaderamente importa a la gente. Porque ese dinero se traduce en médicos, en educación, en servicios sociales y en infraestructuras de comunicación.