Urge actuar ante el imparable crecimiento de la despoblación
LAS CIFRAS de población publicadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan un cúmulo de debilidades demográficas que actúan de manera contundente en Castilla y León:despoblación, envejecimiento, saldo vegetativo negativo y escasa natalidad. La población regional cae por noveno año consecutivo y en 2018 se sitúa en el mínimo histórico desde 1971 con 2.408.083 censados, 10.473 menos que el año anterior.
Este descenso es general en todas las provincias aunque es el oeste de la Comunidad, sobre todo Zamora y León, la zona más afectada por esta imparable sangría que exige de actuaciones urgentes y coordinadas por parte de todas las administraciones públicas.
Revertir la situación no será algo inmediato porque al día de hoy los fallecidos duplican a los nacidos y los mayores de 65 años ya representan la cuarta parte de la población regional, y cada año representan un porcentaje mayor.
Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor pérdida de población de España en valor absoluto y la tercera en porcentaje pero está a apenas un décima de Asturias y Extremadura.
La única noticia positiva del balance publicado por el INE es la llegada de extranjeros, que superaron a los que abandonaron la Comunidad.
El diagnóstico demográfico sobre el estado de la región es crudo y conocido. Los datos son irrefutables y no deberían ni exagerarse ni suavizarse. Adoptar medidas en todos los frentes para hacer atractiva la región y frenar la sangría es fundamental. Y además debe hacerse de forma coordinada con las distintas administraciones para no solaparse y ganar en eficacia. En ese sentido, los gobiernos central y autonómico, resultantes de las recientes elecciones, deben ponerse a trabajar en esa Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico aprobada en marzo en cumplimiento de los acuerdos de la última Conferencia de Presidentes.
Castilla y León necesita incorporar como factor clave de esa estrategia una ordenación del territorio eficaz consensuada que garantice equidad en servicios esenciales y derechos constitucionales entre el mundo rural y el urbano.
El consenso en la lucha contra la despoblación es una condición necesaria, aunque no suficiente para abordar con éxito y garantías uno de los problemas prioritarios de Castilla y León.
Sanidad, educación y servicios sociales adecuados se deben garantizar junto a medidas que garanticen empleos dignos en las zonas más amenazadas.Avanzar en implantar internet de calidad en esos territorios, así como medidas fiscales que fijen y atraigan población, deben ser políticas indiscutibles. Hay mucho por hacer, pero es urgente actuar y no perder más tiempo porque la situación puede aún deteriorarse más.