Obligada protección ante los desahucios por alquiler
UN INFORME del Consejo General del Poder Judicial sorprendió ayer al revelar que los desahucios por alquiler, lejos de reducirse, aumentan en Castilla y León y lo hacen a un ritmo casi tres veces superior a la media nacional.
Aunque se trata de un trimestre y hay que guardar todas las cautelas posibles por lo limitado del periodo, este incremento en los «lanzamientos por impago de alquiler» revela que la crisis sigue golpeando a mucha gente, en esta caso a más de 500 personas en noventa días, y los deja sin derecho a la vivienda por falta de recursos.
Es llamativo que en dos de las provincias con más paro, Ávila y Zamora, los desahucios se disparan entre el 50% y el 80% y la expulsión de los arrendatarios se produce en todas las provincias y aumenta en siete de las nueve. Solo se salvan de este incremento Soria y Salamanca.
Que Castilla y León sea la tercera de España en aumento, cuando las tasas de paro son inferiores a la media, merece cuanto menos un análisis por parte de la Junta de Castilla y León, la administración que tiene asumidas estas competencias de vivienda y de protección social.
A diferencia de los desahucios bancarios, en los que algunas entidades se comprometieron a no expulsar a los inquilinos, el hecho de que pueda deberse a conflictos entre particulares supone una dificultad añadida a la hora de proteger a estos colectivos más vulnerables.
La vivienda es un derecho constitucional que debe ser protegido y sus usuarios amparados por las administraciones. La progresiva subida de precios de la vivienda, que cada vez se utiliza más como inversión, amenaza a los colectivos con menor poder adquisitivo.
Por eso, es necesario impulsar desde las administraciones políticas de alquiler que neutralicen los movimientos especulativos que se están produciéndose y que pueden aumentar con los incrementos muy por encima del IPC que vienen poniendo de relieve las estadísticas oficiales.
Habrá que estar atentos los próximos meses por si se mantiene esta tendencia que ha revelado el informe del Consejo General del Poder Judicial y que deja a Castilla y León en el bloque de las más vulnerables en materia de desahucios.
Incluso es llamativo que sólo en estas actuaciones más extremas es donde se constatan los mayores perjuicios. Ni en concurso de acreedores ni en despidos ni siquiera en ejecuciones hipotecarias se producen estas intervenciones límites como en los desahucios. Y esta excepcionalidad es lo que obliga a las administraciones a actuar. Primero para analizar el fenómeno y en segundo lugar para proteger a los colectivos más vulnerables de estas personas a quienes expulsan de su vivienda por no pagar el alquiler.