Respuestas reales al drama de la despoblación

Al drama de la despoblación asisten de frente cientos de miles de miradas en nuestra Comunidad, y en otras muchas partes de España.

La crisis económica que España sufrió hace una década se llevó por delante gran parte del empleo en el mundo rural. La gestión que de esa crisis se hizo durante los años posteriores, por parte tanto de gobiernos de uno como de otro signo, se llevó por delante gran parte de los servicios públicos en nuestros pueblos.

Ambas realidades sumadas han condenado a miles de municipios a convertirse en espacios cada día más difíciles para el desarrollo de proyectos vitales, y a quienes viven en ellos y aun no se han marchado, en verdaderos supervivientes.

Nuestro mundo rural no merece supervivientes. Nuestro país no merece que sus ciudadanos se conviertan en héroes por el mero hecho de vivir fuera de las principales ciudades.

La pérdida del empleo y de la calidad de los servicios públicos en nuestros pueblos ha supuesto una fuente de desigualdad entre españoles de la que la despoblación es, simplemente, una lógica consecuencia.

El compromiso en la lucha contra la despoblación, el compromiso por la recuperación de los servicios en el entorno rural, y la generación de empleo en los pueblos es, por tanto, un compromiso de facto con la igualdad entre los españoles.

Durante demasiado tiempo, la política española ha contado con elementos dañinamente generadores de desigualdad. La brecha salarial y la discriminación que han sufrido en muchos campos las mujeres respecto a los hombres es una muestra. La sobrerrepresentación de las formaciones nacionalistas en el Congreso de los Diputados, el chantaje de las mismas a los gobiernos nacionales, y en consecuencia, la injusta política territorial de inversiones llevada a cabo tanto por PP como por PSOE, otra muestra más.

Hoy, la dicotomía mundo urbano – mundo rural, en base a la incapacidad de los diferentes gobiernos en diferentes instituciones para ofrecer oportunidades laborales y garantizar servicios de calidad, se ha convertido en una fuente más de desigualdades.

Siguiendo la línea referida al inicio de este artículo, existen dos variables que permiten la fijación de población en el mundo rural: el empleo digno y los servicios públicos de calidad.

Recuperar las oportunidades de empleo en los pequeños municipios y garantizar la prestación en igualdad de acceso de los servicios públicos esenciales, es el único, que no sencillo, camino a seguir.

Y digo que no es sencillo porque como en otros muchos de los grandes problemas que hoy nos afectan como sociedad, no será difícil encontrar pregoneros de las soluciones sencillas y simplistas. Lo harán, seguramente con una camiseta distinta a la de otros populismos, aquellos para quienes la merma de población en el mundo rural solo preocupa en la medida en que lo entienden como una merma en el potencial de sus nichos electorales.

Las respuestas al drama de la despoblación deben competer a todos los niveles administrativos, a todos los partidos políticos, a todos los actores de la sociedad y por supuesto, deben dirigirse no a objetivos imposibles sino a la salvaguarda de que quien decida libremente vivir en un pueblo, pueda hacerlo con igualdad de oportunidades respecto a quien lo haga en una ciudad.

No sería conveniente fiarse de quienes planteen esta situación como un enfrentamiento rural-urbano, erigiéndose en defensores únicos de lo rural, mientras acumulan a sus espaldas años y años de gestión en diferentes gobiernos cuyos resultados son menos empleo, peores servicios públicos, infraestructuras olvidadas y una desigualdad creciente para los españoles que residen en ese mundo rural que intentan patrimonializar.

El primer paso debe ser asumir que existe un problema que no es un escenario de disputa electoral sino una afrenta a la igualdad y a la calidad de vida de millones de personas.

Y a continuación, debemos asegurar que existe una voluntad política compartida y no electoralista acerca de las respuestas que los diferentes gobiernos deben dar a dicho problema.

En mi opinión, tres deben ser los cauces de actuación conjunta: el primero en el ámbito del empleo y la actividad económica, el segundo en el ámbito de las comunicaciones e infraestructuras y el tercero, en el de los servicios públicos.

Si coincidimos en el diagnóstico acerca de la problemática del empleo en el mundo rural, debemos ser capaces de construir herramientas que permitan atraer a los entornos rurales inversiones y oportunidades de empleo. Debe trabajarse en la formulación de incentivos para la implantación de nuevos proyectos empresariales, facilidades específicas en la contratación de personal y respaldo para los emprendedores que quieran duplicar la dificultad de sus apuestas ejerciéndolas alejados de las grandes ciudades.

Pero para ello hacen falta, como decía, unas administraciones concienciadas y coordinadas para ofrecer soluciones en este campo.

En lo referente a las comunicaciones, heredamos las consecuencias de una política partidista y electoralista en este campo, que durante años y años ha olvidado criterios técnicos, comunicativos, sociales y demográficos para apoyar las decisiones referentes a las infraestructuras sobre el interés político de turno de los partidos de gobierno, en su mayoría marcados, en el ámbito nacional, por el constante chantaje de los partidos nacionalistas.

Así se explica que en Castilla y León falten conexiones imprescindibles como la Autovía del Duero, la conexión por autovía entre León y Valladolid, redes óptimas para el transporte ferroviario de mercancías, servicios entre importantes núcleos rurales o la falta de mantenimiento en infinidad de tramos de carreteras en el mundo rural que terminan por «desconectar» espacios a lo largo y ancho de nuestra Comunidad.

Y por último, se antoja necesario revertir los recortes acometidos en los servicios públicos esenciales y que de forma más acuciante aún, han afectado a los pueblos de Castilla y León.

Será imposible fijar población y ofrecer posibilidades a las personas en los entornos rurales si para acceder a los servicios sanitarios, administrativos o educativos, deben recorrer decenas de kilómetros diarios por esas carreteras que antes decíamos «abandonadas» y sin ningún tipo de política inteligente y adaptada de transporte colectivo que acerque personas y servicios.

No se trata de caer en la fórmula populista de prometer un hospital en cada pueblo. Se trata de apostar por garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos. Se trata de trabajar sobre el terreno en una estrategia que asegure movilidad, accesibilidad y calidad en la atención sanitaria, en la oferta educativa y en el resto de servicios públicos.

En resumen, afrontemos este gran reto con un diagnóstico serio y común. Comprometido con las soluciones y no con los intereses electoralistas. Con respuestas que permitan generar empleo en el mundo rural, que aseguren comunicaciones e infraestructuras dignas y que garanticen el acceso a los servicios públicos en el mundo rural.