Un Diálogo Social con las necesidades prioritarias
SEMANA decisiva la que comienza mañana para apuntalar el Diálogo Social con medidas prioritarias que acometan las carencias básicas en materia laboral, social y económica. Junta, patronal y sindicatos se han dado ya cita para firmar el día 30 el último acuerdo de la Legislatura, que también será el último que suscriba Juan Vicente Herrera, el presidente de la Comunidad que más ha hecho porque el Diálogo Social sea una seña de identidad de Castilla y León.
Y no debería ser un mero trámite por el hecho de que no haya nuevos Presupuestos de la Comunidad autónoma y estén prorrogados los de 2018. Es necesario abordar las grandes prioridades en materia social y económica. Algunas están apuntadas en las propuestas que han trascendido hasta ahora, como la necesidad de acometer un plan de choque sólido y eficaz contra la precariedad y el desempleo juvenil o la apuesta por una formación profesional más vinculada a las necesidades reales de las empresas.
Ambas iniciativas, junto a la protección de los parados mayores de 55 años con escasas posibilidades de integración en la vida laboral, apuntan a dos retos de Castilla y León que están entrelazados y marcan la necesidad de ofrecer a los jóvenes oportunidades que les impidan eternizarse en el desempleo o salir fuera de la Comunidad.
La exigencia sindical y patronal para que la Junta cumpla sus compromisos de implantar el Serla en todas las capitales de provincia y Ponferrada es de sentido común. Aunque el acuerdo de fijar el plazo a finales de 2017 podría ser escasamente realista por los trámites y procesos que conlleva, es fundamental cumplirlo lo antes posible. Y es ambicioso y necesario que la mediación se extienda a todos los conflictos y no solo a los no económicos como tienen acordado hasta ahora. Se trata de un beneficio para todas las partes y también para el erario público porque ahorra gastos.
El último pacto del Diálogo Social debería también fortalecer compromisos en materia de tasas universitarias y vivienda y apuntar medidas que afronten los desequilibrios territoriales que sufre esta Comunidad, así como avanzar en los retos demográficos.
El Diálogo Social de Castilla y León, reconocido en el Estatuto de Autonomía, debe buscar mecanismos de evaluación eficaces con el fin de que no sólo se evalúe el cumplimiento de los compromisos de la Junta, sino que también se valoren con indicadores objetivos y oficiales si las medidas están resultando adecuadas para abordar las necesidades más prioritarias y reducir las carencias.
El Diálogo Social debe estar al servicio de los colectivos más vulnerables y abordar los principales retos de la Comunidad y las principales necesidades.