Abuso de poder
POCAS VECES el poder obsceno de quienes manejan la pasta en este país se manifestó tan claro. La Sala Tercera del Tribunal Supremo sentencia que son los bancos y no los ciudadanos los que deben pagar el impuesto que grava las hipotecas. Y son las entidades financieras porque ellas son las únicas beneficiarias de inscribir en el Registro de la Propiedad esas escrituras como garantía para reclamar el pago del préstamo.
Nada más conocerse el fallo que trastoca la cuenta de resultados del poder financiero, la Bolsa les impone (provisionalmente) un duro castigo con pérdidas de su valor. A menos de 24 horas de la sentencia, el presidente de la Sala de los Contencioso, Luis María Díez-Picazo, paraliza los efectos de la resolución judicial ante la alarma de los bancos y las acciones se disparan. Nadie encuentra un precedente similar de tan poca vergüenza. Su autor ha sido profesor en un centro de titularidad de la Asociación Española de Banca, la gran perjudicada por la sentencia. ¡Qué poderío el del caballero don dinero!, que diría el Arcipreste de Hita en aquel poema popularizado por Paco Ibáñez.
Pero no son los bancos los máximos responsables de este fiasco que ha supuesto miles de millones a los titulares de hipotecas. Desde hace más de 20 años está vigente el reglamento del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y salvo honrosas excepciones minoritarias nadie había cuestionado que lo pagaran los consumidores y no los bancos. Son los gobiernos, con la connivencia de algunos jueces, los mayores causantes de este desaguisado.
Una legislación abusiva, que casi nunca protege al consumidor y casi siempre favorece al banco. Hay ya demasiados precedentes, como las cláusulas suelo o las participaciones preferentes, como para acreditar que el abuso se instala con demasiada frecuencia en las entrañas del poder. Nos pasa con las eléctricas y con las telefónicas. Faltan mecanismos sencillos para defenderse; falta coraje y sentimiento colectivo para enfrentarse a ellos. Y todo con una regulación oscurantista.
Y pasa con las multinacionales. Lo acaba de decir nada menos que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que ha advertido a Pedro Sánchez de que «España no puede permitir el abuso de poder de algunas multinacionales». Ni España ni trabajadores como los de Vestas en León. Los abusos de poder empobrecen y humillan; sobre todo cuando la legislación protege al poderoso. La calidad de la democracia cae.