Reparto más equitativo de las ayudas del Estado para I+D
LA INVERSIÓN en I+D+i y todo lo que se relaciona con ello es garantía de futuro para las administraciones y las empresas de Castilla y León, aunque la crisis económica hizo mella en esta actividad, por la que los poderes públicos y el sector empresarial deben realizar una decidida apuesta.
Sin embargo, según revela un estudio realizado por la profesora titular de la Universidad de León Liliana Herrera, reconocido con el premio de investigación del Consejo Económico y Social (CES), las ayudas de la Administración central se dirigen de forma mayoritaria a las comunidades más innovadoras. Tres en concreto aglutinan las ayudas nacionales a la Investigación y elDesarrollo:Cataluña, Madrid y elPaís Vasco.
El informe de Herrera revela que desde que comenzó la crisis hasta 2015 la distribución de las subvenciones ha apoyado de forma evidente a estas tres autonomías, que son con diferencia las más pujantes en I+D, si bien es cierto que la administración solo financia un pequeño porcentaje. Si observamos la relación con Castilla y León se aprecia que el 57% de las empresas que recibieron ayudas ejecutaron sus inversiones en las tres comunidades citadas, y solo el 4,2% de las compañías subvencionadas en estos nueve años eran de Castilla y León. Un porcentaje que sitúa a la región en la séptima posición en el conjunto del país.
La investigadora leonesa señala que la distribución de las subvenciones del Gobierno favorece a las empresas que ya disponen de experiencia en investigación y desarrollo, en detrimento de aquellas que quieren iniciar su andadura en esta actividad. Las causas se encuentran, según expone, en la mayor habilidad de estas sociedades para acceder a las subvenciones, los requerimientos implícitos que se les exigen en los programas de apoyo, la discriminación positiva hacia las más innovadoras y la tendencia de la Administración pública a seleccionar las compañías que ofrezcan más posibilidades de éxito a corto plazo. En el caso de Castilla y León, funcionan similares parámetros entre las empresas que obtuvieron subvenciones, ya que contaban con experiencia previa en I+D, ya habían sido subvencionadas y prestan servicios de alta tecnología.
La conclusión no puede ser otra que la que se deriva de observar, como apunta Liliana Herrera, que la distribución de la financiación pública no ha seguido principios de convergencia. Es preciso, por tanto, un giro en la política del Estado para que las comunidades que ya sufren retraso en la inversión en investigación y desarrollo puedan beneficiarse de unos programas más equitativos que permitan recuperar el terreno con las más avanzadas.