Sanidad universal para todos los habitantes de la Comunidad
lA prohibición impuesta por el anterior Gobierno popular a la atención sanitaria universal de los inmigrantes irregulares, establecida mediante Real Decreto en 2012, dejó en situación de desamparo a este colectivo –calculado entonces en medio millón de personas– ya de por sí más vulnerable por sus condiciones socioeconómicas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy retiró entonces las tarjetas sanitarias de los ‘sin papeles’ y solo permitió la atención básica, consistente en la cobertura en la asistencia de urgencias hasta el alta, el cuidado de los menores y la atención a las embarazadas.
Varias comunidades autónomas se rebelaron contra esta normativa, muy pocas la asumieron por completo y otras, como es el caso de Castilla y León, intentaron de facto mantener las prestaciones. Según avanzó entonces la Junta, aunque intentaría cobrar este servicio a quienes carecieran de tarjeta sanitaria, meterían «en el cajón de los impagados» las facturas de los ‘sin papeles’ que no dispusieran de recursos.
El principal problema es que el Tribunal Constitucional dejó sentado en distintas sentencias que las comunidades han de «adecuarse necesariamente» a los «límites» establecidos por el Estado en la normativa básica, incluido a qué personas alcanza la cobertura universal, según recogía el fallo del TC sobre el recurso presentado por el Gobierno contra la Generalitat valenciana.
Así que la mayoría de las comunidades ha ido sorteando la norma con soluciones imaginativas. En Andalucía, la población inmigrante recibe un documento de reconocimiento temporal, que le garantiza su acceso al sistema sanitario público sanitario y permite hacer un seguimiento de los servicios que recibe y de su estado de salud. Asturias ideó un procedimiento administrativo para inscribir a las personas extranjeras sin recursos empadronadas en la comunidad en el Sistema de Información de Población y Recursos Sanitarios (SIPRES). El Gobierno de Aragón aplicó un sistema temporal de un año, en el que los beneficiarios deben llevar al menos tres meses empadronados en la Comunidad y no deben percibir ingresos superiores a los 16.000 euros.
Algo similar es lo que pretende hacer ahora la Consejería de Sanidad con los extranjeros indocumentados para garantizar que reciben los servicios médicos que precisen. Para ello, según explicó ayer el titular de este departamento, Antonio Sáez, en el Club de Prensa de EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, la Gerencia de Salud dictará esta misma semana una resolución sobre el proceso a seguir. Los requisitos serán estar empadronado en algún municipio un mínimo de tres meses y una declaración de que el beneficiario carece de recursos económicos. Una fórmula de justicia porque ninguna persona que viva en esta Comunidad, sea cual sea su origen, debe verse privada de la atención sanitaria.