Cautelas ante un informe con avances en financiación
EL INFORME DE la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica constata sin ningún tipo de ambigüedad que el sistema vigente genera desigualdades, es imperfecto técnicamente, opaco, resulta insuficiente, no contempla mecanismos niveladores y además el impacto de la grave crisis económica ha condicionado su cumplimiento, ha provocado desequilibrios y su volumen de recursos resulta claramente insuficiente. En concreto a Castilla y León le ha generado déficit que han impedido financiar adecuadamente la sanidad, la educación y los servicios sociales. Este fenómeno se ha agudizado con la crisis al no existir mecanismos que asegurara el equilibrio en épocas de recesión.
La comisión ha elaborado un informe que es el resultado de equilibrios entre comunidades con intereses diferentes y en algunos casos contrapuestos. Ese equilibrio deja muchos aspectos en un plano de gran ambigüedad que los técnicos han preferido dejar en manos de los políticos para llegar a un consenso de mínimos. El principal problema, común a todas las comunidades y alEstado, es la falta de ingresos suficientes para financiar los servicios esenciales en todas las comunidades. La insuficiencia y la limitación de los recursos dificultarán el acuerdo.
El documento de los expertos recoge dos fondos de nivelación que, como sostiene Jaime Rabanal, experto de Castilla y León en la comisión, favorece una financiación suficiente, pero para que eso ocurra deberá despejarse el origen de los recursos adicionales. A ese factor positivo, se suman las posibilidades ciertas de que la sanidad y los servicios sociales dispongan de fondos adicionales a los actuales sobre todo porque la necesidad de gasto en ambos se adecuaría con indicadores más acordes con la realidad de cada autonomía.En el caso de los servicios sociales está más claro, porque se plantea diferenciar en el caso de los mayores dos tramos de edad -de 65 a 80 años y más de 80- y no como ahora que sólo contempla los que superan los 65 años.
Al margen de que la negociación política asuma o no estas propuestas, son muchas otros los interrogantes de una batalla en la que todas las regiones se juegan mucho.Y hay más asuntos pendientes de calado a decidir: la eliminación de la cláusula sobre el status quo, la financiación de la educación, si se asume que las autonomías tengan capacidad de fijar tramos autonómicos en el IVA, el posible aumento de la capacidad fiscal, la homogeneidad o no del impuesto sobre el patrimonio y si se mantienen las normativas sobre impuestos cedidos. Se trata de un cúmulo de interrogantes que obligan a ciertas a cautelas y sobre todo a tener claro que Castilla y León necesita unos servicios adecuadamente financiados para su realidad de comunidad dispersa, con el mayor número de municipios y con sobreenvejecimiento. Hay avances en la propuesta pero ahora queda lo más difícil.