Equilibrios y garantía de los servicios en la función pública
LA JUNTA de Castilla y León y los principales sindicatos de la función pública firmaron ayer un acuerdo marco para recuperar los derechos de los empleados de la Administración autonómica. Nada que objetar a este objetivo que se anuncia como una serie de medidas a implantar para mejorar y modernizar los servicios públicos de la Comunidad autónoma hasta 2019.
No obstante, sería necesario que la comisión de seguimiento abordara también la necesaria recuperación de la calidad de los servicios públicos esenciales. No sólo la sanidad, la educación y los servicios sociales, sino también aquellos otros que tienen un impacto directo en los ciudadanos de la Comunidad autónoma. Al fin y al cabo, el reto de la Administración es y debe ser servir y atender al administrado.
Sin embargo, la clase política debería tener en cuenta que no sólo se debe a los empleados públicos, sino también al resto de ciudadanos. Los datos de la recuperación económica revelan que la salida de la crisis dista aún mucho de ser un hecho y que toda una serie de derechos que van a recuperar en los próximos tres años los más de 80.000 trabajadores de la Administración autonómica no se traslada aún al sector privado en la misma medida, cuyos datos salariales, de empleo y de condiciones de trabajo no se parecen a los existentes en aquel 2008 del inicio de la crisis.
De hecho, puede darse el caso, si no se actúa en el sector privado con la debida diligencia, de que se produzca un nuevo desequilibrio entre unos ciudadanos y otros, máxime cuando el sector público tiene garantizado su puesto de trabajo a diferencia del resto.
En ese sentido, la recuperación de las 35 horas no sólo debe ser, por lógica, una decisión del Gobierno central, sino que debe hacerse cuando su impacto en el ciudadano sea nulo. De ahí, que cualquier decisión al respecto debe ir acompañada de la debida planificación para no perjudicar al administrado.
Los trabajadores de la Función Pública han demostrado en no pocos servicios diligencia y responsabilidad ante los recortes. La calidad del servicio sanitario y del educativo se ha visto mermada menos gracias a esa profesionalidad.La misma que deben tener a la hora de recuperar esos derechos perdidos.
La decisión de convocar todas las plazas antes del 1 de marzo de 2018 es loable, lo mismo que reducir las de libre designación el resto de las de carácter restringido. Sin embargo, ese reto debe tener en cuenta también la limitación de los recursos públicos. El objetivo de la Administración es atender al ciudadano antes que crear empleo. Guardar los equilibrios debidos es fundamental para no abrir nuevas brechas y mantener los servicios públicos esenciales.