Un tratamiento universal que obliga al Gobierno
DECISIÓN OBLIGADA. Muchas han sido las protestas y los actos reivindicativos de los pacientes, que al final ven cómo las administraciones ceden en su obligación de atender a todos los pacientes afectados por hepatitis C.
Finalmente el Ministerio de Sanidad atgiende a las peticiones de los gobiernos autonómicos, liderados por Castilla y León, y aprueba que se amplíe el tratamiento a todos los enfermos de hepatitis C, incluidos los casos menos graves. Eso sí, sin comprometerse aún a poner un sólo euro en el sobrecoste que supone.
Una vez más el Ejecutivo de Mariano Rajoy decide ponerse de perfil y dejar que sean los gobiernos autonómicos quienes asuman la totalidad del coste que supondrá ampliar el tratamiento a los enfermos menos graves, que ahora veían cómo para la Sanidad era como si no existiesen.
Ejecutivos autonómicos que, como es el caso de la Junta de Castilla y León, asumirá ese coste a mayores para tratar con los nuevos medicamentos, que no sólo son efectivos sino que curan al enfermedad, a todos los grados, desde el F0 al F3, ya sean leves o graves.
Bien hace el consejero de Sanidad en volver a reclamar en la reunión del consejo interterritorial de sanidad «financiación de una forma u otra» para afrontar el coste de los tratamientos contra la hepatitis C, y lamentó que desde el ministerio del ramo no vayan a contar con una partida específica.Lo único que se logró por parte de las comunidades autonómas fue el compromiso de la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, de trasladar la petición al Ministerio de Hacienda.
Lo que significa que, una vez más, se está en manos de lo que decida Cristóbal Montoro quien dirá si da dinero o si al menos permite que este sobrecoste no compute como déficit, tal y como sucedió en 2015. Ese año, la Comunidad no cumplió con el objetivo de déficit precisamente por tener que afrontar el coste de estos medicamentos.
Lo que se está demostrando de nuevo, en palabras de Sáez Aguado, es la necesidad de cambiar ya el actual modelo de financiación autonómica, en general, y de la Sanidad, en particular. Y no le falta razón. El sistema sanitario es uno de los pilares del estado del bienestar, ese que desde el Ejecutivo autónomico siempre ha sido prioritario, sobre todo en los peores años de la crisis, y sobre el que se debe priorizar ante costes como el de la hepatitis C que, por muy imprevistos que sean, son obligados.
La ampliación del tratamiento a todos los pacientes afectados por la enfermedad obliga al Ejecutivo central y le impide mirar hacia otro lado, a la hora de financiar también parte de los fármacos que se precisan.