Unas demandas a las que es obligado dar respuesta
UN AÑO MÁS, y ahora sí con mayor celeridad porque nada justificaba que el informe del Procurador del Común se presentara en las Cortes de Castilla yLeón casi en el último tercio del año, la institución que vela por la defensa de los intereses de lo ciudadanos de Castilla y León hace balance de un año de trabajo.
Doce meses en los que el Procurador del Común recoge, como el defensor de los castellanos y leoneses que es, las quejas de las personas hacia la gestión y las actuaciones de las diferentes administraciones de la Comunidad.
Más allá de los números y de los datos, de si ésta o aquella provincia es la que registra un mayor número de escritos en los que expresa sus protestas ante la institución que preside Javier Amoedo, la labor del Procurador del Común resulta del todo punto esencial.
Gracias a ella,las instituciones, locales, provinciales y autonómica, tienen la posibilidad de conocer de primera mano qué es aquello que preocupa a los castellanos y leoneses, además de saber en qué cuestiones entienden que están viendo perjudicados sus derechos, aunque finalmente pudiera no ser así.
Razones más que suficientes para que desde las administraciones no se tomen a la ligera aquello que les está plasmando el informe del Procurador del Común y, sobre todo, sus conclusiones.
Poco o nada importa que sus resoluciones no sean vinculantes para ninguna de las instituciones a las que están diriridos. El hecho de que no sean de obligado cumplimiento, cuestión ésta que quizás sería bueno colocar en la mesa del debate en un futuro, no puede ser óbice, ni mucho menos la excusa a la que se agarren los políticos y las administraciones para no tenerlas en cuenta y trabajar en su cumplimiento.
Cierto es que el Procurador del Común, como el Defensor del Pueblo, informa y aconseja. Pero lo que también hace es resolver a la vista de los informes que recaba, incluso de la propia administración, una vez que recibe la queja. Y si son válidas las que no se conocen pero que se rechazan tiene que serlo, mucho más si cabe, aquellas en las que sí detecta el error, la falta o la discriminación que los ciudadanos puedan esgrimir en su queja.
«Generosidad y consenso». A eso es a lo que apela Amoedo en su comparecencia ante las Costes autonómicas para que se cumplan sus resoluciones. Dos peticiones a las que el Procurador del Común añade «celeridad y eficacia» para dar respuesta a sus peticiones.
Mal harían las instituciones en hacer caso omiso o mirar para otro lado. Las resoluciones del Común son demandas a las que es obligado que las adminitraciones atiendan y den respuesta porque emanan directamente de los ciudadanos.