Quedan incertidumbres pese al alivio en el déficit
EL RESULTADO de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno central supone cambios relevantes. El objetivo del déficit para 2017 se fijó en el 0,6% del Producto Interior Bruto. Es un aumento de una décima en relación al 0,5% que se barajó en el mes de abril y de cinco décimas respecto al objetivo que se había marcado anteriormente. Esto significa que Castilla y León contará con un mayor margen de maniobra en los presupuestos del año que viene a la hora de gastar por encima de sus ingresos.
Por supuesto, el incremento del déficit no es gratis, sino que se trata de dinero que hay que pedir prestado a alguien y que, por tanto, tiene un precio. En cifras aproximadas, la décima ganada ayer supone aumentar el margen en 56 millones de euros, es decir, una cantidad que supondría, más o menos, poder pagar la factura farmacéutica de un mes, algo significativo, por tanto.
El 0,6 de déficit se utilizará en Castilla y León. Aunque no es lo deseable, no hay más remedio si se tiene en cuenta que lo que la Comunidad recibe del Estado es claramente insuficiente para cubrir el coste de los servicios que hay que prestar a los ciudadanos. Ya se parte de una injusticia denunciada de forma reiterada por las Comunidades Autónomas, entre ellas la castellana y leonesa, que es que el reparto del déficit no es proporcional al gasto público que asumen las autonomías. Es del 33%, porcentaje que si se trasladará al déficit permitirá a Castilla y León contar con un 1%. Lo preocupante ahora, sin embargo es la incertidumbre que afronta la Comunidad octubre y que, según reconoce la consejera de Economía, Pilar del Olmo, hace imposible a la Junta hacer un presupuesto. El problema está en las entregas a cuenta. En octubre, el Gobierno central hizo una estimación de una reducción de 100 millones en la partida de Castilla y León para 2017. Si eso se confirmara, el varapalo a los castellanos y leoneses sería tan injusto como desproporcionado. Hay que confiar en que la valoración se haya hecho en un contexto de prórroga presupuestaria restrictiva, aunque de partida no se entiende que esa constricción no afecte a todos por igual, ya que hay autonomías que recibirían más, no menos como Castilla y León.
El asunto lo planteó adecuadamente ayer Del Olmo en la reunión de Madrid, pero quedó sin respuesta, debido a que el Ejecutivo no lo considera posible antes de contar con un proyecto de presupuesto. No hay que limitarse a cruzar los dedos, sino iniciar una presión con los argumentos de peso que supone reclamar la equidad para los ciudadanos de Castilla y León en relación a otros territorios. Ante esta incertidumbre, el dato positivo es que la presencia de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la reunión de ayer supuso el abandono de las posiciones inflexibles que caracterizaron anteriormente a Cristóbal Montoro.