Provechosa investigación del catastro para los ayuntamientos
La actualización del catastro genera importantes ingresos para los ayuntamientos. En ocasiones, el dinero extra les llega de forma más o menos inesperada, gracias a la labor inspectora del Miniserio de Haciencia, y resulta especialmente provechosa. El departamento que dirige en funciones Cristóbal Montoro lleva desde 2013 rastreando los inmuebles del país en busca de construcciones o ampliaciones de viviendas no declaras al fisco.
Gracias a fotografías aéreas captadas por drones o a imágenes por satélite, la Dirección General del Catastro ha descubierto un total de 164.141 inmuebles, correspondientes a 1.312 municipios de Castilla y León, que no estaban registrados correctamente. Por tanto, no tributaban de acuerdo con lo que les correspondía en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o de plusvalías. Con la regularización catrastral derivada de estas inspecciones de Hacienda, los ayuntamientos de la Comunidad han obtenido una recaudación extra desde 2013 superior a los 72,6 millones de euros. Y lo importante no son solo estos ingresos extraordinarios, sino el incremento futuro de lo recaudado por IBI –el principal impuesto municipal– gracias a la actualización catastral.
Según los cálculos de Hacienda, el incremento medio del IBI urbano para cada infractor castellano y leonés ha sido de 104 euros –74 euros menos que la media nacional–. La liquidación de atrasos ha aumentado en 275 euros, también por debajo del país en 200 euros.
Con los datos actualizados a este mes de julio, Castilla y León es la séptima autonomía con mayor porcentaje de irregularidades, al concentrar el 10% del total de viviendas españolas irregulares. En términos absolutos, asciende al tercer puesto, solo superada por Andalucía y Galicia. Las 164.141 viviendas que habrían ocultado obras de construcción o ampliaciones suponen el 10% de los 1,6 millones de inmuebles comprobados hasta el momento en la Comunidad, dos puntos por encima del registrado a nivel nacional.
El fraude más habitual –un 40% de los casos– consiste en cambiar el uso de una propiedad o reformarla sin dar cuenta a Hacienda. Le siguen los de edificar nuevas construcciones o ampliarlas sin declarar. Son fraudes que, por desconocimiento o de forma intencionada, todavía se producen en un porcentaje muy elevado. Tomados de forma individual pueden representar poco dinero, pero en conjunto representan unos ingresos nada despreciables para los ayuntamientos. La campaña de Hacienda resulta por tanto muy beneficiosa para los consistorios y , en definitiva, para todos los ciudadanos, porque además de igualar a todos en el pago de impuestos, los nuevos ingresos revertirán en la mejora de los municipios.