Un impulso a la actividad agraria
LA DECISIÓN de la Consejería de Agricultura y Ganadería de poner a disposición de jóvenes, mujeres y entidades asociativas 2.724 hectáreas, anticipándose a que se constituya el Fondo de Tierras previsto en la Ley Agraria, es una iniciativa positiva y práctica para favorecer la continuidad de las explotaciones.
El plan diseñado por el departamento de Milagros Marcos establece la cesión de estas tierras sobrantes de los procesos de concentración a los ayuntamientos y juntas vecinales, quiénes a su vez lo pondrán en manos de los agricultores.
Se trata de un arriendo por cinco años con similares requisitos que los previsto en la normativa, cuyo reglamento estará aprobado a final de año.
Agricultura estima que la liberación de estas 2.724 hectáreas tendrá buena acogida a la vista de las 114 solicitudes recibidas hasta el momento.
Cuando se lleven a cabo estos convenios con ayuntamientos y juntas vecinales se pondrá fin a un período de seis años en los que no se habían cedido ninguna de las masas comunes de las concentraciones agrarias.
Es también la primera vez en la que la Administración autonómica hace una apuesta especial por los jóvenes y las mujeres en cuanto a la cesión de tierras para la explotación agraria.
No obstante, la medida va más allá que el hecho de priorizar a estos colectivos. Con esta apuesta la Consejería da un paso para propiciar el abandono de los municipios más despoblados.
La falta de tierras ha sido hasta ahora uno de los obstáculos que han esgrimido los jóvenes para formalizar su incorporación al sector. Si la decisión tiene la buena acogida que prevé la Junta, será una iniciativa más para fijar población en el medio rural.
De esta forma, la Consejería contribuye, en la medida en que es posible con la liberación de estas hectáreas, a abordar tres de los grandes retos de la Comunidad autónoma: la despoblación del mundo rural, la creación de empleo y la apuesta por un sector, el agrario, que es básico en Castilla y León también por su proyección a la industria agroalimentaria.
En definitiva, ceder tierras ahora para adelantarse a la entrada en vigor de hecho de la Ley Agraria permite también agilizar los efectos prácticos de una normativa cuyo fin es impulsar la actividad en el sector primario. Si, además, contribuye con esos recursos a la conservación de las infraestructuras agrarias y a primar a colectivos con mayor tasa de desempleo, los beneficios de la medida son amplios para un sector con gran peso económico en la Comunidad.