Diario de Valladolid

EL DESAFÍO SOBERANISTA

Catalá revela que se están investigando 26 denuncias por las palabras del exsenador Vidal

Rivera exige al Gobierno que pida a la Generalitat que deje de "espiar" a los catalanes

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Pilar Santos

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha revelado este miércoles en sede parlamentaria que se están investigando 26 denuncias por las palabras del exsenador Santi Vidal sobre los datos fiscales de los catalanes. Catalá ha insistido en que los datos personales "de los catalanes y de todos los españoles están protegidos". Ha explicado que en España existe un sistema "legal, institucional y procesal" para garantizar la responsabilidad de quien incumple esas normas.

"El Govern de la Generalitat de Cataluña tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos del Gobierno español. Pero tontos no somos, porque ya sabemos que no nos las facilitarán de manera voluntaria. Y esto sirve para el censo electoral y sirve para tantas, tantas cosas", declaró Vidal en una de las muchas conferencias en las que habló de los supuestos planes del Ejecutivo catalán para llegar a la independencia.

El ministro ha recordado que las palabras de Vidal fueron desmentidas "en todos los ámbitos", pese a lo que ha reconocido su "máxima preocupación" y por ello están siendo investigadas "desde el primer día" por la Agencia Española de Protección de Datos.

"QUE DEJEN DE ESPIARNOS"

Pese a este mensaje, Albert Rivera, que es el que le ha preguntado por el asunto en el Congreso, ha respondido que él no está "tranquilo" con el desmentido de la Generalitat, la misma institución que "niega" otros aspectos como la solidaridad entre españoles o la Constitución. "No me quedo tranquilo", ha insistido pidiendo al Gobierno una respuesta política y que aproveche sus encuentros con miembros de la Generalitat para pedirles explicaciones.

"Si se ven en secreto, que les digan que dejen de espiarnos. Que el Gobierno se moje y defienda nuestros derechos fundamentales", ha exigido después de conocer que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, tuvo un encuentro con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el pasado 11 de enero en el Palacio de la Moncloa.

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