ACOR arranca en Olmedo la campaña de remolacha con 10.700 hectáreas contratadas

La cooperativa Acor inició este jueves la campaña de molturación de remolacha en su fábrica de Olmedo (Valladolid) con un total de 10.700 hectáreas contratadas, lo que supone un incremento de alrededor del siete por ciento respecto a la campaña anterior que contó con 10.000. La entidad afronta una nueva temporada con el objetivo de alcanzar unos rendimientos de 100 toneladas por hectárea, frente a las 98 registradas el pasado ejercicio, y superar el 17 por ciento de riqueza en azúcar, pese a las dificultades derivadas de las elevadas temperaturas estivales y la sequía de septiembre.

Así lo explicó el presidente de Acor, Jesús Posadas, durante la visita del consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, a las instalaciones de la cooperativa donde ambos analizaron las perspectivas de la campaña, la situación del mercado azucarero y las principales reivindicaciones de los remolacheros ante la futura Política Agraria Común (PAC), recoge Ical.

Posadas señaló que la recepción de remolacha comenzó el pasado martes, 20 de octubre, con la llegada de las primeras producciones procedentes de distintas provincias, entre ellas León, Zamora y Álava. La recogida se organiza en función de las condiciones meteorológicas, las características del terreno y las preferencias de los socios, con el objetivo de garantizar el suministro a la fábrica durante toda la campaña.

En cuanto a los primeros resultados, destacó que la riqueza media de la remolacha se sitúa en torno al 16,24%, un dato similar al de anteriores comienzos de campaña. No obstante, confió en que este porcentaje aumente progresivamente y supere el 17% alcanzado el pasado año.

“Este año esperaremos llegar a ver esas 100 toneladas que tanto nos ilusionarían a los remolacheros”; manifestó Posadas, quien precisó que todavía “es pronto” para disponer de datos definitivos sobre los rendimientos, aunque los primeros análisis apunta a una producción "similar o ligeramente superior” a la del ejercicio anterior.

El presidente de Acor recordó que el cultivo atravesó dos campañas consecutivas de descenso productivo, fundamentalmente por las restricciones en el uso de productos fitosanitarios, que, según recordó, “no fueron acompañados de alternativas suficientes para combatir determinadas enfermedades”.

Respecto a las condiciones meteorológicas, Posadas reconoció que las elevadas temperaturas del verano perjudicaron al desarrollo de la remolacha, un cultivo propio de zonas de Centroeuropa que necesita condiciones más frescas para alcanzar su máximo potencial productivo.

No obstante, explicó que el calor también tuvo “un efecto positivo” al reducir la incidencia de determinadas enfermedades foliares, lo que permitió que las plantas lleguen al inicio de la campaña con “un buen estado sanitario”.

“Tenemos una remolacha sana en este momento en el campo”, aseguró, aunque advirtió de que la falta de precipitaciones durante septiembre y octubre está limitando la ganancia de peso y la acumulación de azúcar.

En este sentido, subrayó la importancia de que lleguen las lluvias y desciendan las temperaturas durante las próximas semanas. “Estamos deseando que llueva y que empiece realmente a hacer otoño para que la remolacha, con una hoja sana como tiene en este momento, empiece a generar más kilos y azúcar”, afirmó.

Acor garantiza 55 euros por tonelada

En el apartado económico, el presidente de Acor confirmó que la cooperativa mantiene un precio mínimo garantizado de 55 euros por tonelada para la presente campaña, aunque dejó abierta la posibilidad de incrementar esta cantidad si la evolución de los resultados económicos lo permite. “Siempre que hemos contratado y se ha podido poner más porque lo ha admitido nuestra cuenta de resultados, se ha ido poniendo más para el socio”, explicó.

Posadas reconoció que el mercado atraviesa un periodo de precios especialmente bajos, si bien se mostró convencido de que el azúcar experimentará una recuperación importante debido al déficit de producción previsto tanto en Europa como en el mercado internacional de azúcar de caña. “En este momento el azúcar sigue estando muy barato, muy barato, pero sabemos claramente todos los azucareros que va a subir y va a subir bastante”, aseguró.

Más allá de las perspectivas productivas, Posadas situó la futura PAC para el periodo 2028-2034 como la principal preocupación de los remolacheros de Castilla y León.

El presidente de la cooperativa trasladó al consejero, durante una reunión del Consejo Rector celebrada esta misma jornada, la necesidad de mantener íntegramente los apoyos económicos que recibe actualmente el cultivo. “No podemos perder ni un euro de apoyos a la remolacha”, reivindicó, al considerar que estas ayudas resultan” imprescindibles” para compensar los elevados costes del regadío en Castilla y León y permitir que los agricultores compitan en un mercado internacional.

“No estamos pidiendo nada más que, si tenemos un sobrecoste de riego para poder producir remolacha en nuestra región y tenemos que salir luego a competir en un precio mundial, ese sobrecoste tenga un apoyo por parte de la PAC para cubrirlo”, explicó.

Asimismo, solicitó una mayor flexibilización de determinadas exigencias administrativas y agronómicas, aunque insistió en que la prioridad de la cooperativa es “garantizar la continuidad de las ayudas comunitarias”.

Pino exige respaldar la producción nacional de azúcar

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, defendió la necesidad de fortalecer la producción nacional de azúcar y respaldar a cooperativas como Acor, a la que definió como un “referente económico y social” para la Comunidad. “Mejor lo nuestro, lo producido aquí, que lo que venga de fuera”, afirmó durante su visita a las instalaciones de la cooperativa en Olmedo (Valladolid), según informa Ical.

Pino alertó de las consecuencias que determinados acuerdos comerciales internacionales pueden tener para los productores comunitarios, con especial atención al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, por el peso de Brasil en el mercado mundial del azúcar de caña y las diferencias en las condiciones de producción.

El consejero recordó que España tiene una tasa de autoabastecimiento de azúcar del 25%, con un consumo anual de aproximadamente 1,3 millones de toneladas frente a una producción nacional de poco más de 300.000 toneladas.

Asimismo, denunció que los agricultores europeos deben cumplir restricciones fitosanitarias y exigencias ambientales que no siempre se aplican en las mismas condiciones a los productos importados, lo que, a su juicio, genera una situación de competencia desigual.

“Tenemos dificultades para competir en los mercados internacionales porque aquí no tenemos las mismas condiciones y las mismas reglas de producir que lo que viene de fuera”, afirmó.

El titular de Agricultura también criticó las limitaciones en el uso de productos fitosanitarios y semillas, que relacionó con la reducción de los rendimientos y de la riqueza azucarera registrada durante los últimos años. A estas dificultades añadió las restricciones en materia de agua y cuestionó la política hidráulica de la Confederación Hidrográfica del Duero y del Gobierno central.

Pino defendió que el agua constituye “un recurso esencial” para generar empleo y riqueza en el medio rural y reclamó que esté al servicio de la producción de alimentos.

La Junta pide una PAC orientada al agricultor profesional

En relación con la futura Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, Pino aseguró que la Junta comparte las reivindicaciones del sector remolachero y recordó que la semana anterior trasladó a Bruselas la posición de Castilla y León sobre la próxima política agraria.

Entre sus principales demandas destacó el mantenimiento de las ayudas a la remolacha, la recuperación de los apoyos al girasol y la incorporación de medidas específicas para las zonas cerealistas de bajo rendimiento.

Asimismo, rechazó los mecanismos que, a su juicio, penalizan a las explotaciones profesionales de mayor dimensión, como los límites máximos de ayudas y determinados aspectos del pago redistributivo.

“Queremos una PAC orientada al profesional que no penalice el dimensionamiento de nuestras explotaciones de Castilla y León”, afirmó. También reclamó que los agricultores profesionales no soporten mayores controles y exigencias que quienes desarrollan la actividad agraria a tiempo parcial.

El consejero destacó la importancia histórica de la remolacha en comarcas de Valladolid, Ávila y Segovia, donde el cultivo ha contribuido al desarrollo económico de numerosas familias.

“Queremos que vuelva a ser un referente la remolacha, que tenga un precio atractivo, que podamos competir con las mismas herramientas y que lo que venga de fuera esté producido con las mismas condiciones que lo de dentro”, subrayó.

Por otra parte, Pino defendió las medidas adoptadas por la Junta para reducir las cargas económicas y administrativas de los agricultores, entre ellas la flexibilización de determinadas obligaciones de la PAC y la autorización de quemas controladas de rastrojos por motivos fitosanitarios.

El consejero aseguró que el Ejecutivo autonómico ha agotado sus posibilidades de actuación dentro del marco normativo vigente y reclamó al Ministerio de Agricultura nuevas decisiones para aliviar los costes de producción.

“La Junta de Castilla y León, la Consejería de Agricultura, ya no puede hacer más. Hemos flexibilizado al máximo”, sostuvo.

Pino también criticó la respuesta negativa del Gobierno central a las propuestas de flexibilización planteadas por la Comunidad y rechazó los argumentos relacionados con la necesidad de modificar el Plan Estratégico de la PAC o solicitar autorización a la Comisión Europea.

“Ahora al que le toca mover ficha es al Ministerio. Le hemos pedido más y ya tenemos la respuesta: ha sido un no”, lamentó.

Finalmente, insistió en que la Junta continuará defendiendo estas reivindicaciones ante el Gobierno central y las instituciones europeas con el objetivo de garantizar la competitividad de la remolacha y preservar el peso económico y social de este cultivo en Castilla y León.