La crisis sanitaria avícola que se inició en Valladolid afecta ya a cinco provincias de Castilla y León con 23 focos

El brote de la enfermedad de Newcastle, la afección vírica de las granjas avícolas que se detectó por primera vez en la localidad vallisoletana de Aldea de San Miguel el pasado 15 de junio, afecta ya a cinco provincias de Castilla y León. Se confirman ya este miércoles 23 focos, con casi 1,6 millones de aves afectadas. Newcastle es una infección altamente contagiosa causada por un virus de la familia Paramyxoviridae y que puede afectar a todas las aves, si bien no afecta a la salud pública, ya que no se transmite al ser humano.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) informó este miércoles de seis nuevos focos, todos ellos de broilers (pollos de engorde). Esos seis focos suman 229.991 aves afectadas. En concreto, se ubican en las localidades segovianas de Remondo (con 42.200 aves), Gomezserracín (41.991) y Cuéllar (23.800); la vallisoletana de San Vicente del Palacio, con 70.000 aves; la abulense de Narros del Castillo, con 23.000 y la salmantina de Rágama, con 29.000. Son focos se notificaron entre el 15 y el 21 de julio.

Con los nuevos datos, las cinco provincias afectadas son Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. Los focos se localizan en Narros del Castillo (Ávila), Rágama (Salamanca), las localidades segovianas de Remondo, Gomezserracín y Cuéllar; en Olmedo, La Pedraja de Portillo (dos), Íscar (cinco), Montemayor de Pililla, Aldea de San Miguel, San Vicente del Palacio (dos), Megeces y Cogeces (dos) y Tordesillas, Alcazarén, todos ellos en la provincia de Valladolid, y Peleagonzalo (Zamora).

Las muestras tomadas por los servicios veterinarios de la Junta se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), de referencia de la enfermedad en España, donde se confirmó la presencia de una cepa velogénica (las de más rápida expansión) del virus.

El positivo ha obligado a adoptar las medidas que exige la normativa: sacrificio de todas las aves las granjas afectadas, además de la destrucción inmediata de cadáveres, pienso y demás utensilios que pudieran vehicular el virus. También se ha establecido una zona de restricción alrededor del foco. En los radios de 3 y 10 kilómetros se sitúan 10 y 46 explotaciones comerciales con censo, respectivamente, de las que 16 pertenecen a otras zonas de restricción de focos anteriores.

Las organizaciones profesionales agrarias (Opas) viven con gran preocupación el avance de la enfermedad. La mayoría demanda un adelanto de la vacunación obligatoria, establecida desde el 1 de agosto en dos provincias y desde el 1 de septiembre en toda la Comunidad. Sin embargo, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Política Ambiental señalan que las vacunas existentes no son efectivas al cien por cien porque no las hay del serotipo detectado, y si se adelantara la obligatoriedad «podría romperse el stock» por falta de dosis disponibles.

El secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González, calificó este miércoles la enfermedad de Newcastle, en respuesta a este periódico, como «un vector biológico extremadamente complejo de combatir» debido a la diversidad de sus vías de transmisión, y advirtió que «si bien el principal canal de contagio procede del contacto con aves migratorias, existe un riesgo elevadísimo asociado a los vectores mecánicos y al manejo diario, como la ropa de trabajo, las botas de los operarios o los vehículos que transitan de una granja a otra».

Para UPA, el reto sanitario no termina con el vaciado de las granjas: «Para poder reutilizar el estiércol de las explotaciones infectadas en las tierras de cultivo sin riesgo de diseminación, es imprescindible garantizar la completa eliminación previa del microorganismo», sentenció González, quien además demandó a las autoridades «adelantar los plazos de inmunización obligatoria» para frenar la expansión territorial del patógeno.

Tecnificación

Por su parte el secretario general de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, expresó su inquietud por la rápida propagación del virus en instalaciones «altamente tecnificadas», señalando que «las granjas avícolas modernas son instalaciones herméticas, restringidas exclusivamente al personal, por lo que resulta evidente que algo ha fallado en los protocolos vigentes, siendo el transporte involuntario de deyecciones en indumentaria o vehículos la brecha más probable».

Rivera quiso enviar un mensaje de calma aclarando que «la enfermedad no entraña ningún peligro para la salud humana por el consumo de carne o huevos», pero lanzó una severa advertencia sobre las consecuencias en los mercados: «Si el brote continúa su progresión y sigue derivando en la pérdida masiva de censos, se desencadenará un problema real de desabastecimiento local que derivará en un inevitable encarecimiento de la carne de ave y los huevos en la cesta de la compra del consumidor».

Desde la perspectiva de Asaja su secretario general autonómico, José Antonio Turrado, centró su análisis en el modelo de integración mayoritario en la región, dejando claro que «los animales no pertenecen al pequeño ganadero, sino a la gran empresa integradora, que es la primera interesada en extremar la bioseguridad».

Así, Turrado fue claro en su reivindicación sobre el reparto de las cargas financieras: «Al igual que las integradoras no reparten sus ganancias en épocas de bonanza, deben asumir los costes fijos del ganadero y compensarle durante todo el periodo que la nave deba permanecer vacía por el vacío sanitario, exactamente de la misma manera que si estuviera a pleno rendimiento».

En cuanto al adelanto de vacunaciones se mostró escéptico: «Me imagino que adelantar la vacunación tampoco será fácil porque hacen falta vacunas que sean efectivas y en el mercado habrá las que habrá», matizó. «Las integradoras son las primeras que tienen todo el interés en hacer lo posible para que no haya bajas».

El coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, definió la situación como una carrera contrarreloj y criticó con dureza los cuellos de botella administrativos, apuntando directamente a las demoras del laboratorio nacional de referencia ubicado en Algete: «Resulta del todo inadmisible que, ante una emergencia sanitaria de esta magnitud, las muestras queden paralizadas los fines de semana, porque cierran, obligando a los ganaderos y a los animales a convivir entre dos y cuatro días con el virus en la granja».

Palacín concluyó exigiendo máxima celeridad a las administraciones, remarcando que «los diagnósticos, el sacrificio de los animales y su enterramiento en la propia explotación deben efectuarse en cuestión de pocas horas» para evitar un desastre irreversible en el tejido avícola autonómico.

Vacunas

El coordinador de servicios de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, Luis Antonio Gómez Iglesias, alertó sobre la petición de las Opas de adelantar la vacunación obligatoria: «La vacuna de la enfermedad de Newcastle que tenemos disponible, hoy por hoy, no es la panacea, puesto que no tenemos antídoto para el serotipo detectado los focos de Castilla y León, una vacuna no se hace de hoy para mañana».

Por otro lado, aclaró que vacunar las aves de las granjas «sí es efectivo», aunque no lo sea al cien por cien, por lo que estipular la vacunación es una «buena medida». Sin embargo, adelantar la obligatoriedad «podría romper el stock» por falta de dosis, un problema que se podría agravar si se extiende la obligatoriedad a toda España: «hay que hacerlo a escala», matizó.

Precisó también Gómez Iglesias que el serotipo encontrado en las granjas de la Comunidad, de transmisión muy rápida «es distinto al de Valencia», por lo que descartó las primeras hipótesis que apuntaban que el mal se podría haber transmitido desde allí. «Creemos que este brote se debe al contagio a través de aves silvestres, que están en permanente movimiento», apuntó, a la vez que instó a respetar todas las medidas de bioseguridad específicos del sector, recordando que es conveniente espaciar las visitas de los vehículos de unas explotaciones a otras «al menos 72 horas».

El Mapa confirmó este miércoles la versión sobre el serotipo encontrado: «La secuenciación parcial del virus muestra que pertenece al genotipo VII.2, tratándose de un subtipo diferente al detectado en los focos de Valencia (genotipo VII.1.1), lo que corrobora el descarte del vínculo epidemiológico entre ambos brotes».