Castilla y León destruye uva frente a los aranceles

Reducir lo máximo posible el excedente de producción de vino y adaptarla al mercado. Es el principal objetivo de la cosecha en verde de la uva, cuya campaña de ayudas se abrió el pasado viernes con la publicación de la Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). El plazo de solicitudes se mantendrá abierto hasta las 19,00 horas del próximo 29 de abril.

Pese a que tradicionalmente se realiza la eliminación de una parte de los racimos de vid cuando aún no han madurado no solo para conseguir controlar la producción final, sino también para elevar la calidad de los demás racimos y mejorar la viabilidad y salud de las vides, la convocatoria de ayudas se dirige a la destrucción o eliminación total de los racimos de uvas de viñedos que se destinen a la producción de uva para vinificación cuando todavía están inmaduros, de manera que se reduzca a cero el rendimiento de la parcela, sin que puedan existir uvas sin vendimiar en la parcela objeto de la ayuda. La eliminación de uva en las parcelas deberá de ser del cien por cien.

No servirán así cortes parciales, que, también tradicionalmente, se realizan en ocasiones para ajustarse a la limitación de producción por hectárea que señalan las normativas de las distintas Denominaciones de Origen o la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la Comunidad. Y es que la cosecha en verde adquiere un significado y un valor especial en un escenario como el actual, cuando la guerra comercial desatada por los aranceles de la Administración Trump alcanza de forma singular al vino y amenaza las exportaciones de vinos de calidad, unas exportaciones que durante los últimos años han adquirido gran importancia en las cuentas de resultados de muchas bodegas. En la orden de la convocatoria se especifica que el objetivo es «evitar crisis de mercado y recobrar el equilibrio de la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola». La Junta de Castilla yLeón, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y DesarrolloRural, subvencionará con hasta 1.200 euros la hectárea de cosecha en verde cuando el método de vendimia esa manual, y hasta 1.000 euros cuando el método de vendimia sea mecánica.

La Administración autonómica ha consignado para esta convocatoria una partida inicial de un millón de euros, que se financiará con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga).

La Consejería justifica las ayudas porque «el sector vitivinícola continúa inestable, agravado por factores externos como la invasión de Ucrania y sus efectos colaterales, como el encarecimiento de los combustibles, de la energía y de las materias primas y los nuevos aranceles, circunstancias que están teniendo una repercusión directa en el mercado del vino, en particular sobre las ventas», por ello «se hace necesario activar de nuevo esta medida para la vendimia 2025».

La cosecha en verde no tiene un presupuesto anual asignado como el resto de intervenciones de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV). Se pone en marcha y se le dota de presupuesto ante perturbaciones de mercado. Para la vendimia 2025, a solicitud de varias comunidades autónomas entre las que se encuentra la Comunidad de Castilla y León, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación decidió conceder esta ayuda, fijándose en 19.171.834 euros la asignación presupuestaria para la puesta en marcha de la cosecha en verde incluida en la ISV en toda España para el ejercicio financiero 2025.

La tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento «teniendo en cuenta las características de los destinatarios de estas ayudas, los viticultores, que han afrontado con éxito la digitalización del sector y demandan con urgencia la puesta en marcha de esta línea de ayudas», destacan desde la Administración autonómica.

Compensación

Se podrán acoger a la ayuda de cosecha en verde de viñedos los viticultores cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para vinificación, que cumplan con la normativa vigente de plantaciones de viñedo, para todas las superficies de viñedo de su explotación, y con las disposiciones relativas a las declaraciones obligatorias y documentos.

También deben estar inscritas en la sección vitícola del Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (Reacyl), así como las parcelas objeto de su solicitud de ayuda, en los términos previstos en la normativa vigente sobre potencial de producción vitícola. La ayuda a la cosecha en verde consistirá, en primer lugar, en una contribución a los costes incurridos en la operación, y en segundo lugar, en una compensación a los viticultores por la pérdida de ingresos debida a la ejecución

En cuanto a la indemnización por la pérdida de ingresos, consistirá en una compensación económica del 50% de la pérdida de ingresos debida a la ejecución de la cosecha en verde en la parcela para la cual se solicita la ayuda. La pérdida de ingresos se calculará como el precio medio de la uva de las tres últimas campañas en la parcela objeto de la ayuda multiplicado por el rendimiento medio de dicha parcela en las tres últimas campañas de las que se dispongan datos. Por otro lado, en ningún caso se podrán exceder los rendimientos máximos admitidos por hectárea que se establecen en los Pliegos de Condiciones de cada DOP o IGP.

Las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) ya han encendido todas las alarmas tras el anuncio de los aranceles de Trump, y no las apagan por mucho que el presidente de los Estados Unidos haya aplazado 90 días su puesta en marcha. Por ejemplo, Coag Castilla yLeón ha denunciado que importadores vinícolas de EEUU «comienzan ya a paralizar pedidos a bodegas de Castilla y León por los aranceles».

«Estados Unidos parece desengancharse del mundo y el revuelo que pueden generar estas ocurrencias trumpistas, que los expertos en economía tachan de ‘desafortunadas y terraplanistas’, ha saltado al campo», señalan en la organización agraria.

«De momento, Coag advierte que no va a tolerar que ningún eslabón de la cadena agroalimentaria especule con esta situación y utilice de manera injustificada los aranceles para presionar a la baja los precios pagados en el campo», y reclama a la UE y al Gobierno de España «firmeza para desplegar todas las herramientas diplomáticas a su alcance y normalizar cuanto antes las relaciones comerciales entre Europa y EEUU».

Sin embargo, bodegas de la DO Toro que no quieren significarse para no ahondar más en al problema, han comunicado a Coag que sus importadores habituales de Estados Unidos han anulado varios pedidos hasta que se conozca finalmente lo que sucederá con los aranceles anunciados por Donald Trump, relata la organización.

Para Lorenzo Rivera, coordinador de Coag Castilla y León, «la guerra comercial iniciada por Trump es un despropósito sin sentido que no va a beneficiar a nadie, empezando por los propios consumidores de EEUU Supone un auténtico revolcón para la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Exportaciones

Castilla y León exportó en 2024 a EEUU 113.869,04 millones de euros (ME) en el capítulo alimentación, bebidas y tabaco, o sea, en productos agroalimentarios. El ranking lo encabezan los preparados alimenticios (35 ME), las bebidas (31) y la carne, (13 ME), según datos extraídos por Coag de fuentes oficiales.

Por provincias, Palencia destaca sobre el resto gracias a la exportación de productos de cereales y pastelería, epígrafe que supone 31 ME de los 56 totales que vende a Estados Unidos la provincia palentina. Valladolid, con 20 ME, y Salamanca con 13, siguen a Palencia en el ranking total. En 2025, Castilla y León exportó a EEUU cuatro veces lo que importó: vendió 113 millones, casi el 4% de la venta agroalimentaria total española, que fue de 3.426 millones de euros.

Por su parte, Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), en relación al paquete de medidas de apoyo al sector vitivinícola europeo, consideró que «han faltado incluir algunas propuestas necesarias para el sector que ayuden a impulsarlo desde dentro».

En lo referido al potencial productivo, los Estados miembros tendrán la posibilidad de limitar, incluso reducirlas a cero, la concesión de autorizaciones de nuevas plantaciones a nivel regional en áreas específicas con exceso de oferta cuando se hayan puesto en marcha medidas nacionales o comunitarias para reducir la producción (destilación, vendimia en verde, arranque). Igualmente, se dota al sector de una mayor flexibilidad en el régimen de autorizaciones de replantación que pasa de los 3 años a ser válidas por un período de 8 años a partir de su concesión dotando de mayor margen de maniobra a la hora de decidir variedades más adaptadas a la demanda del mercado o a las condiciones climáticas cambiantes.

Plantaciones

los viticultores con autorizaciones de nuevas plantaciones (y las resultantes de la conversión de derechos de plantación) concedidas antes del 1 de enero de 2025 que deseen renunciar a las mismas, no sufrirán penalizaciones administrativas. La propuesta incrementa la cifra total de ayuda nacional que un Estado miembro podrá conceder cada año para destilación o cosecha en verde (medidas de crisis) hasta el 20% de la asignación recibida de la UE en el marco de la intervención sectorial vitivinícola.

UCCL considera, por otro lado, que la discrecionalidad respecto de la financiación del arranque social está mal concebida. «Seguimos pensando que la ficha financiera de la ISV debe aplicarse en beneficio de los viticultores que permanecen en el sector, promoviendo una salida digna para aquellos que desean abandonarlo. La propuesta de la Comisión no sostiene con recursos suficientes esta idea fuerza que a nosotros nos parece básica», comentan.

Asimismo, según la Opa, «la Comisión no ha tenido en cuenta modificaciones de índole diversa: la necesidad de promoción en el mercado comunitario, la apertura de la medida de inversiones al sector productor con el fin de atender a la aplicación de los ecorregímenes de la actual PAC y la posibilidad de que la medida de destilación de subproductos se amplíe a otros agentes del sector como las bodegas permitiendo proyectos de economía circular que, si bien se apuntan en el nuevo articulado, no se desarrollan con suficiente impulso».

En este sentido, entre las medidas de la Intervención Sectorial Vitivinícola que se pretenden adaptar, destaca el mayor apoyo al sector para que los Estados Miembro puedan incrementar la ayuda financiera de la UE hasta el 80% de los costes de inversión subvencionables para las inversiones destinadas a la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. En este ámbito, la duración de las campañas de promoción en terceros países se ampliará de tres a cinco años para garantizar una mejor promoción de los vinos europeos.

«Diversos cambios en los vinos desalcoholizados, comercialización y etiquetado, pretenden contribuir al desarrollo de estrategias más ligadas al mercado y al derecho de información de los consumidores. UCCL estima conveniente la posibilidad de que las cooperativas y organizaciones de productores puedan acceder a las ayudas para inversiones, así como la potenciación de estrategias enoturísticas que contribuyan a la apertura y consolidación de nuevos consumidores», concluye la Opa.