El campo pide freno al recibo de la luz
El sector exige al Gobierno el reglamento que permita aplicar dos potencias distintas para los regadíos / Es el insumo que más fluctúa tras el mantenimiento del precio de la tierra y los fertilizantes / El pienso no refleja la bajada del cereal del segundo semestre
El recibo de la luz es uno de los costes de producción que más preocupa a agricultores y ganaderos, pues amenaza directamente a la rentabilidad de las explotaciones. Hay que gastar mucha energía para regar y el coste se ha duplicado desde 2010, mientras el precio de muchos productos agrarios permanece estable desde hace 30 años.
Por eso los agentes del sector, con las Opas a la cabeza, demandan al Gobierno de España que elabore ya el reglamento que permita aplicar la Ley 1/2018 de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía, que establecía que se contemplara en los contratos de acceso a regadío la posibilidad de disponer de dos potencia distintas al año. Eso permitiría un abaratamiento de la factura en los meses en que no es necesario regar.
Se trata del insumo cuya fluctuación más preocupa a los profesionales del campo, que vieron en 2020 cómo el precio de la tierra se mantenía estable, con leves incrementos, y también el de los fertilizantes, incluso con leves bajadas. Se quejan, no obstante, de que el precio del pienso para el ganado no reflejó la bajada del cereal que se produjo en el segundo semestre.
Son algunas de las principales conclusiones de los balances sobre medios de producción que han efectuado las Opas sobre el 2020, recién concluido. El más extenso y prolijo de los realizados entre las de la Comunidad es el de Asaja Castilla y León, que señala como una de las principales preocupaciones no precisamente el precio, sino la legislación europea sobre fertilizantes, que prohíbe el uso de cada vez más compuestos activos.
Según ese estudio de Asaja, el precio medio de la tierra de cultivo en Castilla y León se mantuvo estable en el último año referenciado a finales de 2020, que se remonta a 2019, con un ligero aumento del 0,7% respecto al año anterior. De media, en Castilla y León la hectárea agrícola se paga a 5.900 euros, por debajo de la media de Andalucía (20.083, debido al gran peso del olivar), pero en un rango similar a Aragón (5.110€).
Si se atiende al aprovechamiento, la tierra mayoritaria en la Comunidad Autónoma, herbáceos de secano, apenas subió un 0,4% (la media nacional se mantuvo constante), mientras que la hectárea de regadío subió un 1,3% (1% en España) y la uva de vinificación un 1,5%. Por su parte, la hectárea de prados y pastizales, la más barata, también subió un 1% respecto a 2018, frente al crecimiento del 2,4% nacional.
Desde Asaja Castilla y León informaron a los agricultores que se constata una tendencia a la estabilización en el precio de la tierra, que se acentuó en el año 2019 «y que previsiblemente se confirmará en los datos referidos a 2020, en el que la economía se vio golpeada por el Covid-19». Por ello, la Opa recomienda a los agricultores tener en cuenta esta tendencia «y no embarcarse en operaciones con precios disparatados en el que la parca rentabilidad de la agricultura no permitirá compensar la inversión».
Respecto a los precios de arrendamiento, en Castilla y León el incremento medio del canon de arrendamiento de la tierra a precios corrientes en el 2019, también último año con datos, fue de 1,5%, y mantiene la tendencia ascendente de los últimos 9 años, situándose en 135 euros por hectárea . Asaja destaca en este punto «las repercusiones de esta burbuja de precios en la rentabilidad de los agricultores, ya que en Castilla y León alrededor del 70% de las tierras de las explotaciones profesionales son en arrendamiento».
El canon que más subió es el de las tierras denominadas de ‘herbáceos de secano-barbecho’, mayoritaria en la Comunidad, con un 3,7% de subida. Le sigue en importancia el canon de las tierras ‘herbáceos en regadío’, que subió un 2,1%. El canon de las tierras de ‘prados y praderas permanentes de secano’ se incrementó un 1,8%, mientras que el de ‘otras superficies para pastos de secano’ se depreció un 11,6%, «si bien en este caso hay que tener en cuenta la importante subida que se produjo en el año anterior del 19,3%».
Desde la Opa denuncian que las subidas en los arrendamientos se producen independientemente de la rentabilidad de la agricultura, ya que «haya cosechas aceptables o catastróficas, cada año se carga sobre los hombros del sector un incremento de la renta».
En cuanto a los costes de los fertilizantes minerales, son uno de los principales costes de producción de los cultivos. Su precio en el año recién concluido permaneció estable, o descendió ligeramente, «pero lejos del desplome de precios que experimentó el barril de Brent y al que está directamente vinculado el de la urea o el fosfato». En estos tiempos, en los que el petróleo está por debajo de los 50 dólares, en los precios más bajos desde el 2009, «este descenso debería en teoría notarse en similar proporción en los precios de los abonos».
Restricciones
Pero, más que el precio de los fertilizantes, lo que preocupa realmente a las Organizaciones Profesionales Agrarias son las restricciones a los principios activos. Asaja subraya en su informe cómo a finales de 2019 la Comisión Europea anunció su decisión de no renovar, en 2020, la aprobación de las sustancias activas clorpirifos, clorpirifos-metil y tiacloprid.
Los Estados miembros debían retirar las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan clorpirifos y clorpirifos-metil, a más tardar, el 16 de febrero, pudiendo conceder un periodo de gracia que en todo caso concluyó a mediados de abril. Para el tiacloprid, la retirada de las autorizaciones debía realizarse, como muy tarde, el 3 de agosto de 2020, pudiendo concederse un periodo de gracia hasta el 3 de febrero de 2021, como fecha límite. Después de estas fechas, dichos productos fitosanitarios ya no podrán comercializarse ni utilizarse en la Unión Europea.
«Existe mucha preocupación en el sector por la no renovación de estas sustancias activas, por el muy reducido periodo de transición y por la falta de productos alternativos para poder mantener la sanidad vegetal, ya que se usan para tratar patógenos tan frecuentes como pulgones, pulguilla, gusanos, etcétera, y en cultivos importantes para Castilla y León como cereales, remolacha azucarera, vid, patata, alfalfa, leguminosas grano, frutales y hortícolas entre otros», apuntan en la organización.
Desde Asaja Castilla y León inciden en que las sucesivas supresiones de sustancias activas utilizadas en los productos fitosanitarios en los últimos años «está provocando que los agricultores se vean limitados cada vez más a la hora de luchar contra las plagas». La organización critica que Europa permita a terceros países que traten sus cultivos con destino al mercado comunitario con sustancias que están prohibidas para los europeos, mientras se muestra incompetente para evitar la entrada de nuevas plagas y enfermedades de fuera. Este asunto constituye una de las principales reivindicaciones en la que están de acuerdo las cuatro principales Opas.
Sobre la energía , Asaja subraya que entre enero de 2010 y diciembre de 2018, el precio pagado por la electricidad para los agricultores y ganaderos prácticamente se duplicó según los datos suministrados por el Mapa . El encarecimiento del coste energético en los últimos años «supone un lastre importante para la rentabilidad de las explotaciones pese a que se ha producido una rebaja del precio en 2019».
A ello se une que las producciones estacionales, y el regadío, se ven obligados a pagar la parte correspondiente a la potencia contratada, también durante aquellos períodos sin consumo o con consumos mínimos. La Ley 1/2018 por la que se adoptaban medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía, establecía que se contemplara en los contratos de acceso para regadío la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro y en los términos en los que reglamentariamente se determinase.
Transcurridos más de dos años de la entrada en vigor de esa Ley, «no ha trascendido que el Gobierno haya desarrollado reglamentariamente la medida», por lo que desde Asaja insisten en la necesidad de hacerlo «cuanto antes». No obstante, la tarifa de temporada históricamente demandada por la Opa «podría ser una realidad el próximo año al haberse incluido una enmienda en la Ley de Presupuestos generales del Estado 2021».
El precio de los piensos para la alimentación del ganado se incrementó a partir de septiembre, trasladándose de inmediato al sector ganadero la tendencia alcista del precio de las materias primas en las bolsas y lonjas agroalimentarias. Los fabricantes de piensos trasladaron automáticamente las subidas del cereal a los piensos, «sin acordarse del amplio margen de beneficios que tenían desde primavera, cuando la cotización del cereal bajó hasta un 30%, mientras que ellos sólo bajaron menos de la mitad», reprocha la Opa.
Maquinaria
El tractor es la máquina más importante y realmente imprescindible en toda explotación agraria, por lo tanto, el volumen de compras es un buen indicador de la salud económica del campo. Teniendo en cuenta el periodo enero-octubre, se observa un descenso del 8,27% en la matriculación de tractores nuevos en la Comunidad respecto del año anterior, según el mismo estudio. También se redujo la matriculación de la maquinaria automotriz un 4,23%. Sin embargo, se observó un considerable incremento en la matriculación de la maquinaria arrastrada o suspendida (11,31%) y especialmente en los remolques (43,29%).
Desde el 28 de abril, se prohíbe el cambio de titularidad (excepto por herencia) de los tractores de más de 40 años sin estructura de protección frente al vuelco homologada (Rops). Tampoco se le podrá dar de baja de forma temporal ni para cambiarlo de actividad.
Además, las comunidades autónomas podrán dar de baja de oficio con comunicación previa al interesado los equipos de aplicación de productos fitosanitarios cuando no hayan acreditado haber sido inspeccionados o si una vez caducado el periodo de validez de la inspección no se ha vuelto a acreditar una nueva inspección favorable en el plazo de seis meses.
En cuanto a la maquinaria importada, no podrán inscribirse en el Roma tractores agrícola s usados procedentes de otros Estados miembros carentes de estructura de protección homologada, ni tractores usados procedentes de otros Estados miembros cuya fecha de puesta en servicio en el país de origen sea anterior al 30 de junio de 2001.
Tampoco podrán registrarse máquinas automotrices usadas procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea cuya fecha de puesta en servicio en el país de origen sea anterior al 31 de diciembre de 1998.
El 1 de enero de 2020 entraba en vigor la prohibición de aplicar purines al campo mediante los sistemas de plato o abanico. Ante el desabastecimiento de equipos nuevos en el mercado y la falta de equipos que aporten soluciones eficientes para ciertos tipos de purines, Asaja trasladó a la consejería la necesidad de ampliar a 2020 el período de adaptación, siendo finalmente autorizada la moratoria que reconocía que a pesar del importante esfuerzo realizado por los agricultores y ganaderos de Castilla y León para la adaptación de los equipos a la aplicación localizada de purines, se considera necesario un año más para que el sector esté en condiciones de cumplir la nueva normativa.
plan RENOVE
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) convocó en abril el Plan Renove 2020 para la renovación del parque nacional de maquinaria agraria. La novedad de fue la diferenciación en dos líneas de inversión con asignación de fondos para cada una de ellas, una para tractores y otra para el resto de maquinaria incluida la necesaria para adaptarse a la nueva normativa de aplicación de purines.
De esta manera se pretendía evitar la ventaja de máquinas cuyos trámites de compra y registro son más rápidos frente a los tractores que conllevan un proceso más largo, dado que las ayudas se conceden por orden de registro de la solicitud. Asaja Castilla y León consideró que el presupuesto estaba «desequilibrado» puesto que destinaba cinco millones de euros a tractores y sólo tres millones que han compartido los aplicadores para renovar los equipos de purines con sistemas de distribución no localizada y sembradoras, pulverizadores y otra maquinaria.
«Un reparto que no respondía a la realidad de la demanda del campo como se vio finalmente, ya que el capítulo destinado a tractores y otros equipos autopropulsados, finalmente ha cubierto solo 1,1 millones de los 5 asignados. trasvasando el remanente a la otra línea de inversión que aun así dejó peticiones sin atender» subraya la organización. El dato «demuestra que las ayudas a la renovación de tractores no resultan atractivas para los agricultores porque en muchos casos el precio de venta del tractor que se renueva adquiere en el mercado de segunda mano un valor superior a las ayudas establecidas en el Plan Renove».
El estudio elaborado por los servicios técnicos de la organización concluye su apartado dedicado a medios de producción con la recomendación de que el sistema propuesto para acceder a las ayudas para la renovación de maquinaria agraria «debe mejorarse, ya que en el sistema actual se produce una subasta de estas ayudas que más parece una lotería». Y es que «criterios de priorización en base a criterios de profesionalización, entre otros, deben primar para evitar esta carrera en busca de la ayuda», concluye el documento.