Aperos sin matrícula contra Tráfico

A finales de enero, la Alianza UPA-COAG se concentró a las puertas de la Jefatura de Tráfico de Burgos en protesta por la «interpretación errónea» de la normativa que regula la matriculación de vehículos tras varias denuncias contra propietarios de aperos agrícolas sin la correspondiente identificación. Por aquel entonces, la ejecutiva regional del sindicato solicitó una reunión con la delegada del Gobierno en Castilla yLeón, María José Salgueiro. Sin embargo, uno de sus coordinadores, Aurelio González, confirma que la reunión no se ha llegado a celebrar porque aún no han recibido respuesta.

Puede que la polémica tenga «más incidencia» en Burgos por ser la provincia con más aperos registrados. No obstante, González asegura que toda la región comparte «el mismo problema» debido al elevado número de rodillos y gradas de disco que se utilizan en el campo. Sea como fuere, resulta prácticamente imposible contabilizar el número de casos en Castilla y León, aunque tiene constancia de que «hay muchos afectados». Entretanto, el coordinador de UPA-COAG en Burgos, Gabriel Delgado, señala que «muchos no lo ponen en conocimiento» por «miedo a represalias».

Pese a tratarse de un «gasto inútil», González confirma que a día de hoy «se siguen matriculando rodillos» aunque casi todos los profesionales saben ya que la normativa actual les exime. Delgado, por su parte, insiste en el «temor» latente a las multas.

Con la ley en la mano, el sindicato está en lo cierto. Según el Reglamento General de Vehículos vigente -recogido en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre-, los aperos agrícolas están exentos de matriculación al tratarse de «útiles o instrumentos agrícolas, sin motor, concebidos y construidos para efectuar trabajos de preparación de terreno o laboreo». De igual manera, también se excluye al «resto de maquinaria agrícola remolcada de menos de 750 kilos de masa». Aún con todo, la delegada del Gobierno remitió a principios de año un escrito a la Alianza «remitiéndose a la ley». A raíz de eso, la delegación burgalesa de la organización -con el apoyo de la ejecutiva regional- continuó defendiendo sus argumentos. Eso sí, Delgado insiste en que Tráfico, la Delegación del Gobierno en Castilla y León y la Subdelegación del Gobierno en Burgos han hecho «oídos sordos» a su reclamación. ¿El motivo? Delgado sospecha que su intención es «dejar morir» las reivindicaciones en este sentido.

«Esto solo ocurre en Castilla y León», esgrime González convencido de que aquí«se interpreta la normativa de una manera distinta», ya que los agricultores de otras comunidades autónomas no están obligados a matricular sus aperos so pena de sanción. De hecho, una de las bazas con las que juega la Alianza es el caso concreto de un agricultor de Badajoz al que le denegaron la solicitud de matriculación de una grada de discos. La respuesta de la Jefatura de Tráfico extremeña al respecto fue clara: «no son vehículos matriculables, con lo que sería suficiente enganchar el apero y colocar la matrícula del vehículo tractor».

Si la Administración «no mueve ficha», los representantes de UPA-COAG en Burgos no descartan una «gran movilización» para exigir soluciones ante un «problema bastante grave» que no solo se circunscribe al ámbito provincial. A la espera de lo que suceda, la ejecutiva autonómica prefiere esperar a la entrada en vigor de la nueva Ley de Tráfico y, de esta forma, determinar si «merece la pena» salir a la calle o si por el contrario la normativa es «clara»y exime a los agricultores de este tipo de sanciones. Sea como fuere, tiene muy claro que si la norma en este apartado se mantiene intacta o contempla multas, «iremos a por todas».

Interpretaciones aparte, Delgado lamenta que el levantamiento de actas sancionadoras conlleva, amén del coste económico, un handicap añadido:el precintado de aperos durante un mes. Y claro, la aplicación rigurosa de la normativa en momentos puntuales como la cosecha puede afectar seriamente a los agricultores sancionados. Por todo ello, el coordinador provincial de la Alianza confía en que Tráfico reconsidere su interpretación de la ley para «no perjudicar más al sector agrario».