La fiscal señala que funcionó «correctamente» el operativo de incendios: «Se solicitaron de forma temprana los refuerzos»

La Fiscalía Superior de Castilla y León archiva definitivamente la denuncia penal tramitada contra el presidente de la Junta de Castilla yLeón, Alfonso Fernández Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la gestión de los incendios que el pasado verano se sucedieron a lo largo y ancho de la Comunidad Autónoma. Se trata de un varapalo judicial al Partido Socialista que, pese a no presentar denuncia, utilizó la gestión de los incendios para criticar la gestión de la Junta de Castilla y León. Un varapalo que se extiende también a otros partidos de la oposición, que se sirvieron de la catástrofe de los incendios para socavar al contrincante en la reciente campaña electoral previa a los comicios autonómicos.

El decreto, firmado por la teniente fiscal Purificación Sobrino al día siguiente de la redacción del documento, el 10 de marzo, pone fin a una investigación iniciada en septiembre de 2025 tras una denuncia presentada por una particular. Esa particular acusaba de «irregularidades, negligencia grave e inacción administrativa en la gestión de los incendios contra la humanidad y seres vivos, presuntamente perjudicado el Patrimonio de la Humanidad Las Médulas».

La fiscal, por contra, señala que el operativo funcionó «correctamente», ya que «se solicitaron de forma temprana los refuerzos». También asegura que «se escalaron correctamente los niveles de gravedad». Apunta que no hay dolo en los hechos y que la declaración del nivel 3 de emergencias «no resultaba necesaria». Por todo ello, concluye con el archivo de la s diligencias de investigación «por estimar que los hechos denunciados no permiten el ejercicio de la acción penal».

Es más, las doce páginas del documento de Fiscalía constituyen un extenso respaldo a cada una de las acciones de la Administración autonómica en la gestión de la catástrofe: «El análisis de los índices IGR y SIT [índices de gravedad del fuego] evidencia la excepcionalidad de agosto, siendo 33 los incendios que fueron clasificados como IGR Nivel 2 (riesgo grave para personas / bienes / infraestructuras críticas, que requiere medios extraordinarios) y en cuanto a las SIT (Situaciones Operativas) el sistema permaneció en SIT 2 durante 23 días en el citado mes», relata la fiscal.

Por otro lado, asegura que el operativo de incendios, denominado Infocal, «funcionó conforme a los procedimientos establecidos. Se activaron y escalaron correctamente los niveles de gravedad (IGR y SIT), se movilizaron los medios propios y se solicitaron de forma temprana y sostenida los refuerzos externos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Unidad Militar de Emergencias (UME)».

El decreto detalla también que en el mes de julio «se efectuaron solicitudes de helicópteros y cuadrillas externas, refuerzo externo sostenido en agosto, especialmente por parte de medios aéreos del Miteco y helicópteros externos, y las activaciones de la UME».

Nivel 3

Uno del los extremos más criticados por los partidos de la oposición fue que la Junta no hubiera solicitado el nivel de alerta 3. El decreto de la Fiscalía de Castilla y León respalda también esta decisión en un párrafo que no ofrece lugar a dudas: «La eventual declaración de una Situación Operativa 3 (emergencias de interés nacional, declaradas por la persona titular del Ministerio del Interior de acuerdo con la ley), no resultaba necesaria para la incorporación de más medios al operativo de extinción al haber sido cursadas previamente las correspondientes solicitudes al Gobierno de España, y estaban siendo atendidas por este, incluidos los del Ejército, no UME, que fueron solicitados por la Junta de Castilla y León».

Antes de entrar a desgranar las decisiones de la Junta, el decreto reconoce la especial situación del verano de 2025, que se caracterizó «por una meteorología extrema, con un junio extremadamente cálido que secó el combustible fino, un julio con déficit hídrico y tormentas secas, y una ola de calor en agosto larga e intensa».

Una situación que propició que «Ante la simultaneidad de incendios en el mes de agosto con un máximo de 64 incendios activos a la vez, se procedió a la redistribución interprovincial de medios, concentrando mayores medios propios y externos en las zonas más afectadas, especialmente en la provincia de León, en los grandes incendios forestales del noroeste de la Comunidad, priorizando la protección de la población, los bienes y los espacios de mayor valor ambiental», y es que «en los meses de julio y agosto de 2025 se produjeron en Castilla y León 23 grandes incendios forestales (GIF, más de 500 hectáreas)».

El Ministerio Público examina en su escrito los tipos penales invocados en la denuncia -incendio forestal, contra el medio ambiente por omisión, prevaricación administrativa por omisión, omisión del deber de impedir delitos- y concluye que ninguno resulta aplicable. Eso sí, califica la denuncia como una «discrepancia con la actuación política desarrollada por los aforados sin aportar elemento objetivo».

Por ello, la Fiscalía determina, seis días antes de la celebración de las elecciones autonómicas, aunque no lo comunica hasta dos días después de celebradas, que en la denuncia «no se advierte una actuación dolosa de las personas investigadas». Por todo ello, decreta «el archivo de las presentes diligencias de investigación por estimar que los hechos denunciados no permiten el ejercicio de la acción penal».