Diario de Valladolid

La rebaja del combustible supondrá un ahorro de cien millones en Castilla y León

Virginia Barcones destaca que el nuevo plan nacional del Gobierno responde con "rapidez", "determinación" y "justicia social" para que ningún sector se sienta desprotegido

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.- ICAL

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.- ICAL

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Redacción de Valladolid
Valladolid

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La rebaja de 20 céntimos por litro de combustible repostado, aprobado por el Gobierno de España y que se aplica desde este viernes, supondrá un ahorro de cien millones en Castilla y León durante los tres meses de vigencia del Real Decreto-ley de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Una medida que afectará tanto a particulares como empresas y autónomos y que beneficiará a los cerca de 1,5 millones de conductores censados en la Comunidad. Tomando como referencia el consumo mensual de hidrocarburos en Castilla y León, que ronda los 140 millones de litros de diésel y gasolina 95, la rebaja supone un ahorro mensual cercano a los 33 millones de euros. Es decir, cien millones hasta el próximo 30 de junio.  

Las bonificaciones de 20 céntimos por litro afectan a los que hagan uso del carburante en motores de vehículos terrestres, embarcaciones y motores estacionarios y todo tipo de maquinaria. En total, 9.000 empresas de transportistas serán beneficiarias de ayudas directas y bonificaciones en el precio del combustible, además de otras directas por camión (1.250 euros), autobús (900 euros), furgonetas y ambulancias (500) y taxis y VTC (300 euros).

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, presentó este viernes los efectos en la Comunidad del nuevo plan nacional que recoge medidas que responden con "rapidez", "determinación" y "justicia social", para que ningún sector, sobre todo los más desfavorecidos y las personas más vulnerables, se sienta desprotegido o desatendido.

El plan, según recogió la Agencia Ical, movilizará en toda España 16.000 millones de euros, con 6.000 millones de euros en ayudas y rebajas fiscales y 10.000 millones en créditos ICO. Se organiza en cinco ejes como medidas para ayudar a las familias, trabajadores y personas desplazadas; para apoyar el tejido económico y empresarial; en materia de transportes; en materia de ciberseguridad, y en materia de energía.  

Entre los que beneficiarios de estas ayudas están las 47.424 personas en Castilla y León que reciben el ingreso mínimo vital (IMV), gracias al incremento del 15% en las mensualidades de abril, mayo y junio. Este incremento también será de aplicación, en los mismos términos, a las solicitudes de esta prestación que hayan sido presentadas a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, pero no hayan sido resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad, siempre que los efectos de su reconocimiento no sean posteriores a 1 de junio de 2022.  

Además, los casi 89.000 hogares que reciben el bono social eléctrico en la Comunidad renovarán automáticamente esta prestación. Los descuentos del 60 y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos se mantendrán hasta el 30 de junio.

En el tema energético, también se  mantienen las rebajas fiscales en el recibo de la luz hasta el 30 de junio como la reducción del IVA al diez por ciento, del Impuesto de la Electricidad al 0,5% y suspensión del impuesto del siete por ciento a la generación eléctrica. Se prorroga también el límite al crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para hogares y pymes en las próximas revisiones.  

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros, que podrán solicitarse hasta el próximo 31 de diciembre, para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles. En este sentido, se extiende el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO, que en Castilla y León, con los datos actualizados a 28 de febrero, superan los 4.100 millones de euros en avales solicitados en más de 58.000 operaciones de préstamo para financiar un total de 5.314 millones de euros.

También se extiende el plazo de carencia para los sectores más afectados, así, los autónomos y pymes pertenecientes a los sectores agrícola, ganadero, pesquero y de transporte por carretera, especialmente afectados por el incremento de los costes energéticos, podrán solicitar una ampliación de seis meses del plazo de carencia o mediante una carencia adicional.

La nueva norma contiene además una limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, impidiendo subidas superiores al dos por ciento. Más de 130.000 inquilinos de Castilla y León, según la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, podrán acogerse a esta medida.

Esta limitación en la revisión de los alquileres, vigente hasta el próximo 30 de junio, atiende a la necesidad de que la evolución del IPC por la guerra no se traslade al precio del alquiler. El inquilino tendrá la posibilidad de negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta. En ausencia de pacto, la renta no podrá actualizarse por encima de la variación experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), situado actualmente en el dos por ciento.

Por último, la delegada del Gobierno se refirió a que el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.  

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