Fuentes pagó mascarillas doce veces por encima de su precio de mercado

Mascarillas FFP2 a 5,25 euros la unidad, o 400 a 2.100 euros . Es una de las compras reflejadas en la relación de contratos menores de las Cortes de Castilla y León durante el tercer trimestre de 2021, y que sorprende por la diferencia con respecto al precio de mercado que por aquel entonces podía encontrarse en cualquier farmacia o supermercado. Un importe doce veces superior a los en torno a cuarenta céntimos que cuesta este producto en su venta al por mayor, dado el volúmen de la adqusición, y que supone que el Parlamento autonómico, presidido en aquellas fechas por Luis Fuentes (Cs) , abonó del orden de cinco euros más por cada una de las mascarillas que componían esta partida.

Pero no es lo único a destacar. Pocos meses antes, durante el segundo trimestre del año pasado, las cuentas de las Cortes también muestran otra compra en la que los cubrebocas resultaron mucho más económicos . Se adquirieron 6.000 unidades por un precio total de 1.080 euros, a 18 céntimos cada una y muy lejos de esos más de cinco euros.

La única diferencia aparente entre una y otra compra está en la empresa a la que se realizó. Mientras que esa primera compra la facturó una empresa de Valladolid, la más reciente aparece a nombre de Bioinicia S. L. , una compañía de suministros farmeceúticos con sede en Valencia, tal y como aparece en sus redes sociales. Un detalle que puede parecer insignificante, pero que siembre dudas acerca de si en la amplitud de Castilla y León no existe ningún distribuidor de este tipo de productos que permita que ese desembolso se quede en la Comunidad.

Como en tantos otros ámbitos, la pandemia de coronavirus ha generado gastos añadidos también en las Cortes autonómicas. Durante el pasado año, la celebración de los plenos ordinarios cada dos semanas obligaba a poner a disposición de los procuradores y el resto del personal la realización de test de antígenos. En concreto, en los gastos menores del pasado año se detallan varias partidas a este respecto, siendo la más elevada una de 4.680 euros destinada a Cualtis S. L. U. y bajo el concepto «Pruebas de detección de anticuerpos Covid-19 el día 9 de marzo de 2021» .

Si se tiene en consideración que los procuradores en la Cámara son 81, eso supone que el coste de cada prueba diagnóstica oscila entre los 55 y los 60 euros, una cantidad que disminuye si en ese gasto están incluidos más test. Lo llamativo aquí no es ese coste, bastante similar a cualquier prueba de antígenos a la que un ciudadano se sometiera en una clínica habilitada para ello.

Sin embargo, sí resultaron bastante más caras que los 4,67 euros de las que se llevaron a cabo en los puntos móviles a lo largo y ancho de la Comunidad tras la decisión del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y que ocupó el puesto tras el cese de Verónica Casado y del resto de sus compañeros de Ciudadanos.

Unos test, los de Vázquez, que provocaron las críticas de Francisco Igea, entre otros. El ex vicepresidente de la Junta aseguró que estas pruebas suponían un «gasto inútil», pero que a la vista de las cifras resultaron más baratos que los contratados por las Cortes cuando un miembro de su partido se encontraba al frente de la institución.