El cambio de Sánchez recorta a Castilla y León 125 M€ del fondo de sanidad y servicios sociales
Mañueco ve «injusta» la nueva variación de pautas para repartir los 16.000 millones extraordinarios y defiende que «deja en la estacada y castiga a las comunidades que más han sufrido con la pandemia»
Mañueco durante la rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes. E.M.
«Nadie es más que nadie» . Ese viejo dicho que se atribuye a la revuelta comunera de los Padilla, Bravo y Maldonado, allá por la segunda década del siglo XVI, parece que vuelve a tomar forma en la misma autonomía que siglos atrás se levantara y perdiera contra el poder absoluto de su gobernante regio. Igualdad entre las comunidades autónomas, a la hora de beneficiarse de ingresos del Fondo Extraordinario de 16.000 millones, en concreto en unos criterio más justos, y la gestión propia del Ingreso Mínimo Vital son las dos peticiones del Ejecutivo autonómico al Gobierno central. Con esta auriga presentaba en rueda de prensa Alfonso Fernández Mañueco , presidente de la Junta de Castilla y León, las principales conclusiones de la decimotercera Conferencia de Presidentes, mantenida entre los titulares de los Gobiernos autonómicos y el titular del Ejecutivo central, sus preocupaciones tras el encuentro.
Ligeramente enojado al empezar su alocución, Mañueco anunció que el Gobierno de Sánchez había vuelto a cambiar los criterios para hacer efectivo el reparto del Fondo Extraordinario de 16.000 millones, destinados a pagar la factura de las comunidades en gasto sanitario y en servicios sociales provocados por el coronavirus. De los 650-670 millones de euros que el líder regional cifró y que el consejero de Economía Hacienda, Carlos Fernández Carriedo avanzó a este periódico, estaban supeditados a que no hubiera un cambio de criterio, tal y como se efectuó el Gobierno de Pedro Sánchez, que perjudica a Castilla y León y le hace perder 125 millones, de esos 650 previstos con los criterios previos del fondo no reembolsable para Sanidad y Servicios Sociales.
Este ‘hachazo’ a las previsiones sobre estos fondos de la Junta, fue tildado de « injusto » por Mañueco, a la par que consideró que «deja en la estacada y castiga a las comunidades que más han sufrido con la pandemia, como es el caso de Castilla y León». Según explicó, ahora el Gobierno Central va compensar a las autonomías con mayor cantidad de población, atendiendo a la petición de las mismas, en detrimento a un mayor gasto extra sanitario por la incidencia del coronavirus y criterios como la necesidad de protección de las habitantes en función de su edad o dispersión, cuestiones ambas que hacen vulnerables a buena parte de los castellanos y leoneses.
Según desveló Mañueco, «no se ha explicado el cambio de criterio». Además, el nuevo cambio de pautas también trae una reasignación de las partidas en las que tanto Sanidad y Servicios Sociales verán reducido su montante en 1.000 millones cada una. Ante el motivo de fondo y la posibilidad de cambio, aseguró que «desconocemos la razón y si hay margen de negociación» .
La modificación de partidas surge por la existencia de nuevas áreas, como la Educación o el Transporte. De los 16.000 millones, 9.000 irán en concepto de gasto sanitarios; 2.000 millones para Educación; y 5.000 millones como compensación para pérdidas económicas -en esta cuantía se incluyen 800 millones para los servicios de transporte-. De este reparto queda fuera la partida de servicios sociales.
Otro de los puntos que Mañueco trasladó al Gobierno es que se permita a la Comunidad gestionar de manera propia el Ingreso Mínimo Vital como forma de garantizar duplicidades y fallos en el proceso. Entre los motivos que aduce, es que Castilla y León tiene una reconocida experiencia en administrar su renta garantizada de ciudadanía y, además, de ser «sobresaliente» en Servicios Sociales, por delante del País Vasco y Navarra que van a gestionar esta ayuda. «Los castellanos y leoneses no nos consideramos más que nadie pero tampoco menos. No puede haber privilegios, desigualdades y tratos injustos», afirmó. Además, expuso que había pedido a Sánchez que se incluya a los reclamantes de asilo como candidatos a esta prestación.
Entre los temas que volvió a recordar a Sánchez, Mañueco explicó que habían vuelto a trasladar la propuesta, que cuenta con el apoyo de otras autonomías, para formar una mesa de automoción que permita abordar la situación que está pasando el sector. Pese a haber remitido varias veces la petición, aseguró no haber encontrado respuesta por parte del Gobierno.
Además, Mañueco también comunicó a Sánchez la posibilidad de extender más allá del 30 de junio los ERTE y flexibilizar los criterios de déficit y deuda. Asimismo, volvió a pedir que se unifiquen criterios de cara al inicio del curso escolar, algo de lo que departirán el jueves. También la Junta solicitó que el Gobierno acuda a Europa y en el plan MEDE, en nombre de la Comunidad se dé apoyo para garantizar la sanidad y no se pierda ayudas de la PAC.