Los sindicatos piden reforzar el plan de empleo e invertir la renta garantizada en materia social
UGT y CCOO reclaman en la mesa del Diálogo Social que los 70 millones se utilicen como apoyo complementario al ingreso mínimo para que el fondo «no desaparezca» / Cecale solicita que se destine a inyectar liquidez a las empresas
« Reforzar el plan de empleo local para lograr hacer frente al tsunami de paro que se va a producir a partir de verano y de otoño e invertir los 70 millones de fondos destinados a la renta garantizada en la Comunidad en material social». Estas son dos de los principales requerimientos que las organizaciones sindicales de la Comunidad, CCOO y UGT, urgieron ayer en el Diálogo Social.
Así lo anunciaron ayer los secretarios de ambos sindicatos, Vicente Andrés y Faustino Temprano en el encuentro digital Ideas para la reconstrucción económica y social en Castilla y León, organizado por EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN , momentos antes de plantear estas mismas cuestiones al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la reunión del Consejo de Diálogo Social.
Andrés, insistió en la necesidad de llevar a cabo este refuerzo de un plan que ya se firmó el pasado mes de febrero con una cuantía de 56 millones de euros destinada al ámbito local. Por ello, declaró que este nuevo respaldo tendría que cifrarse en cerca de 40 millones de euros, cantidad con la que, según el secretario, se podría contratar a 5.000 personas». «Ya lo hicimos en crisis anteriores y dio buen resultado porque es un dique de contención de un colectivo importante» .
Otra de las cuestiones que ayer se hizo llegar al Consejo, radica en la necesidad de invertir los 70 millones de euros que el Ejecutivo autonómico dedica a la renta garantizada de la ciudadanía en materia social, para que esta cantidad de dinero, que ahora pasaría a pagar el Gobierno central con la aprobación del ingreso mínimo vital, no se pierda.
«Si la Junta pone al año 70 millones para la renta garantizada, este dinero no puede desaparecer porque se implante esta nueva ayuda estatal», declaró Temprano, que se mostró partidario de la gestión por parte de la Comunidad, como va a ocurrir en País Vasco y Navarra. Si bien, especifió que esta ayuda tiene que gestionarse con la «participación de las administraciones locales».
En esta misma línea, fue el secretario de Comisiones Obreras quien, recordando como ambas organizaciones sindicales ya recogieron hace cuatro años más de 700.000 firmas para para regular una renta mínima que protegiera a la ciudadanía, quiso mostrar también su apoyo a esta prestación estatal, aunque reconoció que desde CCOO esperan que «se mejore» y «llegue a más gente».
Compartiendo la idea de su homólogo de UGT , Andrés aseguró que los 70 millones de euros que «ahora quedan liberados» deben permanecer y «reformarse para prestar ayuda en otros ámbitos, como en vivienda». Además, detalló que «gestione quien lo gestione, ya sean las comunidades autnónomas o el Estado, lo importante es que el dinero llegue a los beneficiarios».
Por su parte, el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León ( Cecale ), Santiago Aparicio, que también participó en el encuentro digital y en el posterior encuentro del Consejo del Diálogo Social detalló que se trata de un «buen acuerdo» que debe llevar «aparejado» la búsqueda de empleo, pues «no se puede convertir en un salario de por vida que haga que la ciudadanía deje de buscar trabajo».
Además y en relación con el caos por ver quién gestionará esta prestación, el presidente de Cecale puntualizó que, a su parecer, «si se va a dar el caso de que alguna comunidad lo va a gestionar, el resto deberían también poder hacerlo». «Si se hace, por todas o por ninguna», sentenció antes de lamentar que, de no ser así, «al final no somos todos iguales ante la ley».
Aparicio también mostró la necesidad de destinar los 70 millones de euros liberados de la renta garantizada de la ciudadanía a otras cuestiones para evitar su pérdida. Así, pidió apoyo económico y liquidez para inyectar a las empresas y revertir la situación a la que van a tener que hacer frente. «No nos oponemos a que esos 70 millones vayan a políticas sociales, pero sería necesario que una partida importante fuera para liquidez, que se necesita mucho para que las empresas sobrevivan».
Acuerdos
Los tres responsables reclamaron el Acuerdo Marco sobre competitividad e innovación industrial, la Estrategia integral de Empleo y el Acuerdo sobre la Dependencia, tres material que vencen este curso y por lo que se pidió una negociación «inmediata» de los mismos.