El PSOE acusa a la Junta de no ejecutar 824 millones de euros en empleo, vivienda o empresas

El PSOE de Castilla y León denunció ayer un «agujero económico» de más de 824 millones de euros en las cuentas del Gobierno autonómico del PP, provocado por la «diferencia abismal» entre lo presupuestado inicialmente y lo finalmente ejecutado en el periodo comprendido entre 2015 y 2018 en «tres bloques claves» para Castilla y León: el bloque social, el de promoción económica e infraestructuras y en I+D+i.

Este desfase en la ejecución presupuestaria se produce, según el procurador socialista y secretario primero de las Cortes de Castilla y León, José Francisco Martín, por la «ineptitud, ignorancia y falta de rigor» de los gestores a la hora de elaborar los presupuestos y, sobre todo, por tratar de «vender humo» a costa de unos presupuestos «mal elaborados» a sabiendas de que «no iban a conseguir ingresos suficientes para mantener el gasto previsto».

«Te puede pasar un año cuando elaboras un presupuesto, pero si no eres un tramposo, al año siguiente lo corriges. En su lugar, la Junta optó por nuevos engaños y el agujero se fue haciendo más grande», añadió el procurador socialista, para quien el apartado más ‘sangrante’ resulta ser el bloque social por ser el que «afecta a más personas». «Las cifras nos parece denunciables», apostilló.

Según sus propios cálculos, la Junta no ejecutó 366 millones de euros entre 2015 y 2018 en siete subprogramas del ámbito social, lo que representa un 11,2% de lo presupuestado inicialmente.

Bajando al detalle, tildó de «sinvergonzonería» que a la Junta dejara en la pasada legislatura de gastar uno de cada tres euros de las partidas de políticas de empleo (en total 69,8 millones) cuando, según recordó, es «el problema más grave de la Comunidad» y el que más influye en «la pérdida de población».

Del mismo modo se quedó en «papel mojado» uno de cada tres euros destinado inicialmente a la formación ocupacional (103,5 millones). Para Martín, los responsables «claros y directos» de estos «desmanes y desastres» tienen nombres y apellidos propios: Carlos Fernández Carriedo, actual consejero de Hacienda y ex consejero de Empleo en la anterior legislatura; Rocío Lucas, consejera de Educación y anterior gerente del Ecyl, o Germán Barrios, máximo responsable actualmente de Empleo y en el pasado presidente del CES, cuyos informes «nunca destacaron esa falta de ejecución».

También cargó contra el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por «ser incapaz» de ejecutar el 28,3% del dinero presupuestado para vivienda (37,8 millones). «Pinturero, será pinturero, pero inútil como pocos», sostuvo.

Otro ejemplo de «desastre» provocado por «unos gestores tan inútiles» es, a juicio del procurador socialista, el cometido en materia de universidades. Según sus cifras, la Junta no se gastó 85,7 millones de euros, el 5,45% de lo presupuestado entre 2015 y 2018.

De incumplimientos presupuestarios en el ámbito de la promoción económica e infraestructuras versó la intervención de la portavoz socialista de Hacienda, Rosa Rubio. Cifró en 251 millones de euros la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado por la Junta en la anterior legislatura; una cantidad que supone un 22,9% de lo previsto.

Incidió, sobre todo, en los 105 millones no gastados en el subprograma de reforma agraria, o los 43 millones que quedaron en «papel mojado» en creación de empresas. A esto añadió que el 73% de los 33 millones consignados a internacionalización de empresas se quedaron en el cajón, lo mismo que el 30% del dinero establecido en los presupuestos de los últimos cuatro años para I+D+i. De ello Martín responsabilizó de forma directa a Carlos Martín Tobalina, actual viceconsejero de Economía y Competitividad.

Los tres apartados escogidos por el PSOE para demostrar los «incumplimientos de la Junta» gobernada en la anterior legislatura por el Partido Popular son, según puntualizó Rubio, el claro ejemplo de «en dónde no ha querido invertir el Gobierno regional». «Con la estrategia de modificaciones presupuestarias, la Junta deja al final el presupuesto en papel mojado», denunció.

El resultado de estos «incumplimientos», tal y como apuntó Martín, «es el déficit»; un déficit que, según aventuró es «mucho mayor de lo que asegura la Junta». Ante esto, auguró que si a los «inútiles de los gestores que tradicionalmente ha tenido la Junta», se le añade «la ignorancia absoluta de muchos de los nuevos», «2019 será mucho peor».

Martín justificó que su comparecencia ante los medios para abordar la ejecución presupuestaria se haya retrasado a diciembre en que la Junta, pese «a presumir de ser transparente», no pasó al Grupo Socialista la cuenta general del pasado ejercicio hasta el 15 de noviembre.