Fracasa el ensayo de la huelga general de los funcionarios por las 35 horas

Un paro de dos horas en la administración que no fue tal, al menos a la vista de los datos hechos públicos desde la administración e, incluso, desde los sindicatos. Tanto es así que puede decirse que fracasa el ensayo de la huelga general del funcionariado por las 35 horas, que comprometió y firmó el anterior gobierno de la Junta y que ahora, el actual, quiere negociar su aplicación.

Era el ensayo general antes del gran día. Los funcionarios se preparan para una jornada histórica donde se plantarán durante 24 horas para que el Gobierno autonómico cumpla el acuerdo firmado el pasado mes de mayo, con el que se recupera la jornada de 35 horas.

La fecha es el próximo 6 de noviembre, pero este lunes la Junta buscará in extremis poner encima de la mesa un acuerdo que contente a los más de 80.000 funcionarios de Castilla y León que están convocados a la huelga.

Ayer se celebraba el último paro de dos horas y media y, a juicio de CCOO, CSIF y UGT, tuvo un «movimiento notable» con un seguimiento por encima del 55%. El seguimiento del paro de dos horas, que los sindicatos cifran en ese 55%, se queda en el 8,5% en la administración general y en un mínimo 2,6 y 1,6% en Sanidad y Educación, respectivamente.

Esta nueva movilización, tal y como señalaron en un comunicado enviado a los medios de comunicación, refuerza su determinación para seguir exigiendo al presidente del Ejecutivo regional, Alfonso Fernández Mañueco, que cumpla con lo firmado, y que «su palabra no se quede en papel mojado», lo que implicaría, en su opinión, un «comienzo de legislatura muy negativo», poniendo en «verdadero peligro las futuras negociaciones».

Las centrales sindicales se mostraron «satisfechas» de que las concentraciones en todas las capitales de provincia fueran «tan importantes» como para que el Gobierno autonómico se replantee la estrategia de «negar a todo el personal de la Junta de Castilla y León la recuperación de los derechos arrebatados durante la crisis».

Ana Rosa Arribas, coordinadora del área pública de Comisiones Obreras de Castilla y León, declaró que los ánimos están «caldeados» a pesar de que el vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, mostrara «voluntad» para seguir avanzando. Por ello, se mostró «optimista» de cara a la reunión del lunes. No obstante, aseguró que no van a aceptar un acuerdo como el que les plantearon los consejeros de Presidencia, Ángel Ibáñez, y de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo en el pasado encuentro, donde pospusieron la recuperación de las 35 horas a diciembre de 2020. «Es inaceptable. Vamos con cierta desconfianza», destacó Arribas, quien añadió que sería el primer incumplimiento de un Gobierno de Castilla y León. «Está firmado y ratificado por una Junta del mismo color político que la actual. Además, Mañueco durante la campaña electoral presumió de la recuperación de las 35 horas. Ha incumplido su palabra, su compromiso y su firma».

En esta línea, Raquel Fernández, secretaria de Acción Sindical del Sindicato Independiente de Funcionarios de Castilla y León, informó de que todavía no tenían conocimiento de ninguna propuesta nueva. «Lo único que sabemos es lo que ayer -por el jueves- dijo Igea tras el Consejo de Gobierno donde habló de flexibilización», subrayó para, a continuación, agregar que su deseo es que el Ejecutivo autonómico haga un ejercicio de responsabilidad y cumpla el acuerdo firmado en mayo. «La pelota está ahora en el tejado de la Junta», apostilló.

El médico y sindicalista de UGT Miguel Holguín reconoció que no tienen «muchas expectativas» de cara a la reunión del lunes. Por este motivo, dejó claro que se mantendrán todas las medidas de presión con el broche final de la huelga general. Cabe recordar que Igea defendió el pasado jueves que el Ejecutivo autonómico ha mostrado «desde los inicios su disposición a cumplir con el acuerdo para implantar las 35 horas a lo largo de esta legislatura», pero que también debe ser responsable en «un contexto en el que el próximo año puede haber dificultades. «Hay que hacer compatibles ambas cosas», aunque respetó el derecho de los trabajadores que han decidido parar para exigir que el Gobierno cumpla con este compromiso heredado del anterior.

Todo empezó el pasado 1 de octubre. Ese día finalizaba el horario de verano y si se seguía la hoja de ruta firmada no pasaría nada, es decir, se mantendrían las 35 horas. Sin embargo, el derecho, recogido en el Acuerdo Marco del 29 de octubre de 2015 no volvió. El documento firmado por el anterior vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y las centrales sindicales está en un cajón bajo siete llaves. El equipo de Mañueco lo tiene paralizado por una serie de condicionantes que han repetido en varias ocasiones.

En primer lugar, «económicos». A estos se suman, tal y como recordaron desde la Junta, que «no se pierda la capacidad de gestión de los servicios públicos» y que «ningún ciudadano se vea afectado por una posible organización». En tercer lugar, agregaron que el cumplimiento del acuerdo tiene que hacerse «con criterios de equidad para todos los empleados públicos», subrayaron.

En un primer momento, cifraron el coste de la recuperación en 120 millones, mientras que el anterior Ejecutivo lo estimó en 38 y los sindicatos consideraron que supondría «como máximo 50 millones de euros». Sea como fuere, recalcaron, que es su derecho a la vez que añadieron que están «hartos» de promesas incumplidas. No sería la única comunidad autónoma que tiene implantadas las 35 horas. Los funcionarios de Andalucía, Extremadura, País Vasco, Canarias, Asturias y Castilla-La Mancha gozan de una jornada diaria de siete horas, es decir, más de 600.000 de los 1,3 millones de trabajadores públicos autonómicos que hay en España.