Ana Torme pide a José Francisco Martín (PSOE) que se retracte y una indemnización de 50.000 euros

La exdiputada y exsenadora del PP, Ana Torme, presenta una demanda contra el procurador del Grupo Socialista y secretario primero de las Cortes, José Francisco Martín, a quien reclama 50.000 euros y lo cita a un acto de conciliación para que se retracte de sus afirmaciones sobre su puesto de libre designación, como técnico asesor de la Consejería de Sanidad, y sobre la acusación de que estaba inmersa en una investigación judicial en Madrid.

Torme registró ante un juzgado de Valladolid una demanda para la celebración de un acto de conciliación, tras las afirmaciones de José Francisco Martín en una comparecencia en las Cortes, en las que se refirió a la concesión de un puesto de libre designación, que se publicó en ese mismo día en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Con este escrito, al que ha tenido acceso Ical, quiere evitar la presentación de una querella criminal contra José Francisco Martín, que tiene la condición de aforado al ser procurador por Valladolid del Grupo Socialista. Así, exige al político que se retracte de sus afirmaciones y reconozca su falsedad; una indemnización de 50.000 euros, que serán “donados por la demandante a una empresa o fundación de servicio social sin ánimo de lucro”, así como a dar publicidad “a su costa” de sus palabras, en todos los medios de comunicación que recogieran sus declaraciones, con “idéntica ubicaci´n” a la que tuvo.

En su escrito, Ana Torme defendió que es funcionaria de carrera por oposición libre del Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León, con nivel 28, y añadió que entre 1996 y 2015, se dedicó a la política, por lo que al finalizar esta etapa ha solicitado el reingreso a la Administración.

“Es notorio que no ha sido privilegiada con ningún puesto en la Administración, con da a entender con sus manifestaciones. Más al contrario, el cargo para el que ha sido designada, un nivel 27, es inferior al que le correspondería, tanto en grado, como en salario”, señala y añade que como el demandado es funcionario, con una excedencia por su actividad política, conoce “perfectamente el régimen de reingreso al desempleo de la labor pública”.

“Las declaraciones que hizo son falsas y tan sólo perseguían el menosprecio de la demandante”, afirma el escrito de Ana Torme, después de que José Francisco Martín asegurara que la Junta se había convertido en un “basurero” en el que se recogen a dirigentes del Partido Popular, por orden de la dirección de Pablo Casado.

También aclara que Ana Torme no está “citada por ningún juzgado en calidad de investigada”, en relación ala empresa que mantenía con Vicente Martínez-Pujalte. Recuerda que la causa en la que estuvo involucrada, relacionada con la “trama eólica”, fue sobreseída y añadió que ella fue la “denunciante” y “mantuvo una decidida posición de enfrentamiento con otros miembros del PP”.

En su opinión, José Francisco Martín no ha dudado en realizar “manifestaciones públicas falsas” que atentan contra el honor y “buen nombre” de Torme, que añade que la conducta del dirigente socialista de imputarse delitos tiene la “espuria finalidad” de desprestigiar a los partidos de signo contrario al que pertenece para conseguir votantes “para su causa”, “extralimitándose en su derecho a la libertad de expresión al constarle fehacientemente su mendacidad”.

Por ello, Ana Torme pide al juzgado que fije una fecha y hora para celebre el acto de conciliación previo a la interposición de una querella criminal por delitos de injurias y calumnias.