Carriedo planta cara a los desequilibrios con seis planes en zonas en declive

La corrección de los desequilibrios territoriales y el apoyo económico y fiscal al mundo rural ganan peso en las políticas de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de coalición PP-Cs. Nunca, desde que existe la Comunidad, se habían anunciado tantas medidas para «reequilibrar» Castilla y León. Carlos Fernández Carriedo evitó presentar cualquier diagnóstico de los desequilibrios en paro y actividad en su estreno como consejero de Economía y Hacienda pero lanzó numerosas medidas para atajarlos sin marcarse un horizonte cuantitativo preciso.

«Impulsaremos el reequilibrio territorial económico de Castilla y León», para fomentar la actividad productiva en las zonas que exigen una dinamización. Con solo esta declaración de principios e intenciones avanzó los seis nuevos planes de reequilibrio territorial en las zonas con menor tejido productivo: Tierra de Campos, el este de Segovia, Ávila, Sierra de la Demanda, Garoña y Medina del Campo y su comarca.

Seis planes que, según dijo, serán compatibles con los que están desarrollándose en Soria, Miranda, Béjar, Villadangos, Benavente y los municipios mineros.

Para ese reto y sin partidas presupuestarias concretas prometió la captación de inversiones en el entorno rural que permitan crear 5.000 empleos en la legislatura. Y este objetivo pretende conseguirlo, entre otros, con un nuevo fondo para proyectos de recursos endógenos dotado con 30 millones de euros que sirvan para financiar proyectos empresariales viables con el uso de recursos naturales.

Además, su departamento creará, en colaboración con el Diálogo Social, un fondo de crisis empresariales, cuya dotación tampoco precisó, para recuperar actividades clausuradas.

El consejero anunció un Banco de Proyectos Rurales y la creación de una plataforma para emprendedores rurales que facilitaría una financiación inicial de 6.000 euros para los tres primeros años a los autónomos.

Carriedo también reiteró, en la presentación en las Cortes de su programa de legislatura, las medidas de fiscalidad favorable al mundo rural que recoge de manera somera el pacto de investidura suscrito por el PP y Ciudadanos: más bonificaciones y deducciones del IRPF para contribuyentes que vivan en municipios de menos de 5.000 habitantes, bonificaciones adicionales en el impuesto de sucesiones en empresas familiares y agrarias, tipos reducidos en Transmisiones Patrimoniales para la primera vivienda y mejoras en el trato fiscal para los casos de transmisiones de tierras en el mundo rural.

Al igual que hizo al reiterar la supresión de los impuestos de sucesiones y donaciones para familiares directos, el consejero eludió en su exposición los plazos para implantar estas medidas y el detalle de cada una de ellas.

Incluso llegó a decir que solo «si las circunstancias económicas lo permiten» estudiarán la posibilidad de efectuar reducciones en la tarifa del IRPF. Ylo dijo tras advertir de que Castilla y León tiene uno d elos tipos más bajos.

Carriedo trazó ayer en la comisión de Economía de las Cortes un discurso ordenado y ambicioso al menos sobre el papel, con guiños evidentes a sus socios de gobierno (Ciudadanos), reivindicativo con la financiación autonómica y la minería con el Gobierno central, y con treinta medidas con distinto nivel de concreción, la mayoría sin calendario de actuación y sin dotación presupuestaria.

El consejero de Economía y Hacienda describió un futuro inmediato «optimista», reconoció la dureza de la crisis y la recesión, pero presumió de la recuperación en términos del PIB y de empleo de los últimos seis años. A pesar de esos avances, Carriedo admitió sin ambages la «precarización» del empleo, la inestabilidad laboral de muchos trabajadores y las bajas retribuciones. «No podremos olvidar nunca las cicatrices que estos años han dejado en Castilla y León», sentenció en un acervo de sensibilidad social.

El titular de Economía se marcó cinco prioridades para esta legislatura: una política fiscal que fomente la inversión y apoye a las familias, a los jóvenes y al mundo rural; la mejora de la competitividad y el empleo; una política sostenible en materia de deuda y déficit y una actuación presupuestaria que mantenga la calidad de los servicios públicos. También confía en lograr un modelo de financiación que atienda el coste real de los servicios. Al respecto, Carriedo desveló un dato relevante: Castilla y León ha perdido peso el sistema de financiación. En 2017, último año sobre el que hay liquidación, recibió el 6,34% del total nacional y en 2008, el 7,12%. Una prueba evidente de que el modelo es «negativo para nuestra Comunidad», «obsoleto» e insuficiente».

Para desarrollar esas prioridades enumeró una serie de actuaciones, unas más nuevas y otras que se mantienen del anterior equipo con más peso financiero. Es el caso del Plan de Crecimiento y Consolidación de Pymes que pasa de 90 millones a 200 en cuatro años con fondos del Banco Europeo de Inversiones. Carriedo cifró en 200 las empresas que se beneficiarían de estos recursos. También avanzó la constitución de un fondo con recursos privados y gestión de Sodical para inversión familiar.

En materia de innovación, anunció 300 millones para implantar las TIC en las pymes, 5 millones para centros tecnológicos, un plan de transferencia tecnológica sin cuantificar y el impulso a diez centros tecnológicos.

La partida con más dotación será la «nueva» estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2021-2026, que recibirá 700 millones de euros, 100 más que la actual, que será cogestionada con la Consejería de Empleo e Industria.

Además, en materia emprendedora Carriedo prometió la creación de distritos de emprendimiento urbano para los que desarrollen su actividad en las ciudades, en colaboración con las universidades y los ayuntamientos.

El Brexit y la guerra comercial de EEUU y China fue objeto también de la comparecencia de Carriedo, quien anunció un Programa de adaptación de empresas al Brexit y en materia de internacionalización planes específicos para la agroalimentación, la automoción, el sector químico farmacéutico y la ingeniería y bienes de equipo, así como el V Plan de Internacionalización en 2021.

Carriedo mantendrá en el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) la Lanzadera Financiera, instrumento que calificó de «eficaz» porque sobrepasó con creces los 1.770 millones de apoyo a las empresas en cuatro años. En esta materia, se apresuró a anunciar una nueva plataforma financiera de grandes proyectos con apoyo público y privado, así como un plan de apoyo y servicio a las financiación a autónomos y micropymes, garantizando 5.000 euros para iniciar o modernizar la actividad.

No dejó fuera el consejero el suelo tecnológico, otra de las competencias que roza con Empleo e Industria. Además de mantener las ayudas actuales, Economía bonificará a los nuevos emprendedores de base tecnológica con el 100% del alquiler el primer año, del 50% el segundo y del 25% el tercero.

La política energética y la minería no se quedaron fuera de su programa de legislatura. Sobre todo, con su apuesta por las renovables. Prioridad para León y las cuencas mineras y dos retos: un 36% más de energía eólica (pasar de 5.600 MW a 7.600) y multiplicar por cinco la fotovoltaíca (pasar de 500 MW a 2.500).

El titular de Economía exigió el Gobierno deSánchez «una transición justa» en el carbón.Reprochó que primero cierren las minas y luego hablen de alternativas, y reclamó la firma de convenios en materia de eficiencia energética para una inversión de 55 millones.