El PSOE denunciará a la Junta por el impuesto sobre los residuos de Garoña
Martín anuncia que llevarán a los tribunales al PP y a Cs por prevaricación y perjuicio patrimonial
secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, y el coordinador de Hacienda, José Francisco Martín, informan del "golpismo fiscal" de la Junta de Castilla y León-ICAL
El PSOE de Castilla y León carga contra la Junta por el impuesto que grava el impacto medioambiental del combustible gastado y depositado en la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. José Francisco Martín, coordinador de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, anunció ayer que su formación denunciará a «Igea y Carriedo» por prevaricación y por perjuicio patrimonial. Martín manifestó que los 4,8 millones de euros que, de momento, se han obtenido «se los vamos a sacar de la piel a alguno», haciendo referencia a Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, y a Francisco Igea, vicepresidente y portavoz de la Junta y consejero de Transparencia.
El impuesto sobre los residuos de la central nuclear es un tema que viene trayendo cola desde princios de año, ya que, Nuclenor, empresa a la que pertenece Garoña y está formada por Endesa e Iberdrola, presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la tasa.
Además, el Gobierno central recurrió al Tribunal Constitucional por considerar que existe un supuesto de doble imposición, al existir ya una tasa similar a nivel estatal.
Sobre el aspecto inconstitucional del impuesto, Patricia Gómez, secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, definió como «similar» las actuaciones de la Junta y el «Gobierno separatista del ‘próces’», ya que, pese a contar con informes negativos expedidos por el Consejo Consultivo y de la asesoría jurídica general de la Junta, en los que se indicaba que la ejecución del impuesto a la central nuclear era «inconstitucional», la Administración autonómica «siguió adelante».
Martín tachó al Gobierno formado por PP y Ciudadanos de «bifachito» y de cometer «golpismo fiscal». La comparación entre Junta y ‘próces’ radica, según el coordinador de Hacienda, en que ambos piden a Pedro Sánchez que haga algo que va contra la Carta Magna. «Tendrán que reconocer que ellos también son unos golpistas fiscales por el cobro del impuesto sobre residuos nucleares de Garoña», apuntilló.
Haciendo memoria, Martín recordó, como a su entender, Nuclenor «se la jugó» al anterior Gobierno autonómico y les dejó con «el culo al aire» tras intentar poner un impuesto a Garoña después de que la empresa no se acogiese a la prórroga ante la obligación de realizar importantes inversiones para garantizar la seguridad de la central.
En su intervención, Martín tildó a José Agustín Manzano, director general de Tributos y Financiación Autonómica en la pasada legislatura, de «lumbrera», «ignorante» y se refirió a él como «el imbécil éste» por ser el ideólogo del impuesto que, en su planteamiento inicial, buscaba gravar la no actividad de la central nuclear, aunque, finalmente, apostó por fijar una tasa sobre los residuos generados en la central.
Este impuesto, según el coordinador de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, se trataba de una medida electoralista ante la «cercanía de las elecciones» y con ello poder decir en campaña que «iban a crujir a las eléctricas y que el dinero obtenido serviría para invertir en el entorno de la central», expuso.
«Esto va para largo, ahora esto se declarará inconstitucional, habrá que devolver el poco dinero que ha ingresado Nuclenor, lo que causará un perjuicio patrimonial para el tesoro de la Comunidad, y ya avisamos de que acabaremos en los juzgados», manifestó Martín. Hasta que se pronuncien los tribunales, Nuclenor está obligado a abonar ese impuesto, aunque será un dinero que deberá devolver el Ejecutivo autonómico.
Martín criticó a Igea y a Ciudadanos por su posición en el impuesto de Garoña y recordó que la formación naranja votó en contra de la medida. El coordinador tildó al vicepresidente de la Junta de «regenerador de playa» y afeó que, después de las críticas a su formación, por las que se les acusó de «perjudicar» a Castilla y León «en beneficio de Nuclenor», pida al presidente del Gobierno en funciones que no recurra un impuesto que es inconstitucional.
Martín recordó que desde el PSOE de Castilla y León se buscaba crear un impuesto sobre «la energía que producía esta central» porque querían el cierre de las instalaciones.